- Cien días después de que Daniel Ortega se acomodara en la silla presidencial, los aliados que lo acompañaron en los últimos tres años en su lucha por llegar al Ejecutivo, ahora le plantan cara y exigen que el Presidente cumpla con los acuerdos adquiridos y reparta el ansiado pastel del poder
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La tarde del 15 de septiembre de 2006 líderes de la Resistencia Nicaragüense, la antigua Contra, posaban para una foto que hace dos décadas habría sido imposible: tomados de la mano con Daniel Ortega, sosteniendo la bandera azul y blanco de la República, sellaban gráficamente lo que catalogaban un acuerdo histórico, un pacto de “paz y reconciliación” con su antiguo enemigo: el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Ese día, como si de tiempos de guerra se tratara, ambos bandos acordaron cero hostilidades. De esta forma la Resistencia se aseguraba no sólo beneficios sociales para los ex contras, sino una parte del pastel del poder si el FSLN llegaba al Ejecutivo. Junto a ellos, detrás de las cámaras, los aliados socialdemócratas, conservadores y liberales que ya apoyaban a los sandinistas, frotaban sus manos convencidos de que su pedazo también estaba asegurado.
Han pasado poco más de cien días desde que Ortega comenzó a calentar la silla presidencial y aquel ambiente de camaradería, de discursos de reconciliación, se va transformando en llamados de atención, críticas, impaciencia y hasta amenazas. El tono de los aliados de Ortega sube poco a poco, exigiendo aquello que el Presidente les prometió cuando era candidato presidencial: puestos en el Gabinete de Gobierno, diputaciones, consejos, alcaldías…
El diputado Agustín Jarquín Anaya, líder socialcristiano y miembro de la Convergencia —un grupo de partidos y personalidades que en el 2001 se aliaron al FSLN— dice que existe “insatisfacción” por parte de los aliados de Ortega porque éste no ha otorgado los cargos prometidos dentro del Ejecutivo, que le darían “una imagen de mayor pluralidad” al nuevo Gobierno.
O de mayor conveniencia política y credibilidad, como afirma un analista consultado para este reportaje.
Jarquín Anaya dice que “siguen en espera” miembros de la Convergencia que ellos han propuesto para ocupar cargos dentro del Gobierno —un nivel de “tres funcionarios de las alianzas a nivel de Gabinete”—, pero que hasta ahora no han sido tomados en cuenta. El diputado, sin embargo, mantiene un tono sobrio ante la falta de respuestas del Ejecutivo.
“Tenemos la confianza de que el presidente Ortega va a entender nuestras inquietudes. Siempre hemos tenido confianza en esta relación. Tampoco ponemos plazo. Cuando iniciamos esta relación había una gran desconfianza que era recíproca y ahora esta confianza nos da la certeza de que mediante el diálogo se va ir cumpliendo” con lo acordado, dice Jarquín Anaya.
SITUACIÓN “LAMENTABLE”
Menos conciliador se muestra Salvador Talavera, el líder del Partido de la Resistencia Nicaragüense, que el 15 de septiembre de 2006 pactó con Ortega. Ahora, Talavera dice que “nunca” fue un aliado del FSLN y que aquel día lo que firmaron fue un acuerdo para darle seguimiento a una serie de promesas que los últimos tres gobiernos de derecha habían legitimado, pero ninguno cumplió.
Talavera habló con LA PRENSA en su despacho ubicado en el noveno piso del antiguo Banco de América, en el complejo de la Asamblea Nacional. Cuidadosamente peinado, en mangas de camisa, la apariencia del diputado y dirigente de la Resistencia está lejos de asomarse a la de esos hombres curtidos por la guerra, contrarrevolucionarios que pelearon en el conflicto civil de la década de 1980 que tapizó con cadáveres el país.
Talavera luce más como un yuppie, un hombre joven de negocios que mientras habla es interrumpido constantemente por el sonar de sus dos celulares, que sus asistentes se apuran a contestar, y por el aviso de entrada de correos electrónicos en su computadora portátil.
“Nosotros nunca fuimos aliados del Frente Sandinista. Hay una confusión en cuanto a los acuerdos de paz firmados con el Frente en la campaña electoral y la gente que firmó una alianza con ellos a cambio de cargos en el Poder Ejecutivo (…) La idea era que en caso de que el Frente se alzara con la victoria electoral, no tuviera que lidiar con un posible alzamiento por parte de la Resistencia”, dice Talavera, quien mueve constantemente sus manos mientras habla.
Los acuerdos firmados aquel 15 de septiembre incluían la creación de un Consejo Nacional de Reconciliación y Paz —que estaría presidido por el cardenal Miguel Obando y Bravo—, cuyas funciones serían administrar fondos para el desarrollo de programas sociales, becas universitarias y atención a la niñez. Siete meses después, el Consejo está en veremos, lo que irrita aún más a los ex contras.
El trato también incluía el compromiso del FSLN de construir viviendas sociales, entrega de títulos de propiedad, pensiones a las viudas y huérfanos de combatientes muertos en la guerra, así como la ampliación de los servicios sociales entregados a los lisiados de la Resistencia. Según Talavera, estos acuerdos beneficiarían directamente a unas 80 mil personas.
“La situación actual es lamentable. Este Gobierno tiene la enorme responsabilidad en todas las consecuencias de la guerra, porque fue un protagonista de las atrocidades que se cometieron”, afirma Talavera.
BOMBA DE TIEMPO
El dirigente de la Resistencia dice que las negociaciones con el Gobierno “están en cero” y asegura que no mantiene ninguna comunicación con el presidente Ortega, a quien dice que ya le ha solicitado audiencias que no han tenido respuestas. “Tampoco voy a estar rogándole. Algún día la olla va a tener tanta presión que (el Presidente) va a tener que sentarse; sólo espero que no sea muy tarde”, afirma.
Y lanza esta advertencia: “A esta gente, si no se le da ningún tipo de incentivo se crea una bomba de tiempo que el día de mañana puede transformarse en una explosión social (…) El sector ex combatiente se puede unir y hacer uso de todos sus conocimientos, hacer uso de armas de guerra nada más”.
El enlace entre el Gobierno y sus aliados para discutir el cumplimiento de los acuerdos es el diputado sandinista Edwin Castro. Conocido por sus reticencia a hablar del tema con los medios de comunicación —nada alejado de la política de secretismo implementada por la Primera Dama, Rosario Murillo—, Castro respondió tajante al ser consultado por teléfono sobre la posición del FSLN por el descontento de los miembros de la Convergencia y la Resistencia:
“Sin comentarios. No voy a responder sobre eso, ¿ok?”, dijo el diputado y luego colgó el teléfono.
En escuetas declaraciones hechas el 18 de abril, Castro aseguró que se están cumpliendo los acuerdos firmados con sus aliados “desde que comenzamos el Gobierno, y si no, ¿cómo cree usted que los diputados de la convergencia son diputados aquí? ¿Cómo cree que hay vicealcaldes que no son sandinistas? Eso es parte de los acuerdos, es decir, no es de ahorita, eso es de hace rato”.
Airada también reaccionó Azucena Ferrey, quien en los años 1980 presidiera el directorio político de la Contrarrevolución, y que accedió a hablar con LA PRENSA, pero el mismo día de la entrevista —después de una hora de espera— decidió dar marcha atrás.
“¿Cuál es el interés de LA PRENSA? ¿Por qué hasta ahora me revive? No voy a hablar de eso”, dijo Ferrey, quien salió de su despacho sin dar más explicaciones.
Recientemente Ferrey declaró en un programa televisivo de entrevistas su descontento por el incumplimiento de los acuerdos por parte del FLSN.
