- Marenco no avala propuesta, pero de aprobarse, actuales ediles gobernarían siete años y no cuatro, y en lo sucesivo el período sería de cinco
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El alcalde de Managua y presidente de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), Dionisio Marenco, se mostró en desacuerdo con la propuesta de suspender las elecciones municipales del próximo año, para fusionarlas con las presidenciales del 2011, anunciada por la Asociación de Municipios de Rivas (Amur).
“Yo más bien estoy por la reelección, si es por asuntos técnicos, si un alcalde salió bueno la gente va a volver a votar por él”, comentó Marenco.
Marenco aseguró que la propuesta es vieja y no tuvo eco en Amunic.
El alcalde liberal de Rivas René Martínez, dijo ayer que la propuesta es “para ahorrar recursos del Estado y tener más tiempo para ejecutar las obras programadas”.
Acerca de que un período más largo permitirá ejecutar más obras, el alcalde capitalino expresó que eso “nunca se termina”, porque siempre quedan proyectos pendientes, especialmente los más grandes.
Sin embargo, la propuesta de Amur, refuerza la idea de algunos diputados sandinistas de unificar las elecciones municipales y presidenciales a través de las reformas constitucionales que están previstas para este año.
Las leyes del país establecen que el período edilicio es de cuatro años y el período presidencial de cinco, además que las elecciones se realizan por separado. De proceder con las reformas, a los actuales ediles se les extendería el período hasta siete años y en lo sucesivo se realizaría una sola elección para elegir al Presidente de la República y a los alcaldes, lo que extendería el período edilicio por un año más.
El alcalde de Rivas negó que la propuesta sea una trama con trasfondo político y señaló que la misma surgió hace tres meses durante una reunión de Amur.
En tanto el alcalde liberal de Moyogalpa, Luis Felipe Morales, afirmó: “pensamos que la realización de tres elecciones; las municipales, las presidenciales y las regionales causan mucho gasto a la nación”.
Contradicciones
Martínez, contrario a lo que dijo su homólogo capitalino, aseguró que la propuesta se ha extendido a otros alcaldes del país a través de reuniones Amunic.
“Hay consenso porque lo hemos platicado en reuniones de Amunic, con otros alcaldes a nivel nacional, de todos los partidos, esta es una realidad que nosotros estamos consensuando, lo que hay que esperar es que nuestros líderes máximos se pongan de acuerdo”, explicó Martínez.
No obstante el alcalde sandinista de San Juan del Sur, Eduardo Holmann, quien preside Amur, sostuvo categóricamente: “No nos enredemos, es una posición que hemos adoptado los diez alcaldes, no es que andemos en una campaña a nivel nacional convenciendo gente, simplemente es nuestra posición y creemos que es buena”.
Amur está integrada por los alcaldes de los diez municipios del departamento de Rivas, de los cuales siete son sandinistas, dos liberales y uno que fue electo bajo la casilla de la desaparecida Alianza por la República (Apre).
Martínez señaló que la misiva con la propuesta está en sus manos y que él la entregará al presidente del legislativo René Núñez y al presidente Daniel Ortega a su regreso de Venezuela.
Por otra parte el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, señaló: “lo único que me queda como autoridad electoral, es programarme para hacer elecciones el primer domingo de noviembre (del 2008), si hay un cambio en el camino, eso ya tendremos que verlo”.
Sin embargo dijo que mantener las elecciones separadas aporta más a la decisión del ciudadano para elegir a su autoridad local, “pero eso es una opinión muy personal no institucional”, aclaró.
En tanto el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, opinó que la propuesta es una grave amenaza al orden constitucional y a la democracia. Dijo además que los argumentos que los alcaldes aducen son sólo pretextos y que no se puede fundamentar en razones económicas los ejercicios ineludibles de la democracia. “Eso es un verdadero disparate”, señaló.
A criterio del experto, no se puede prorrogar el mandato a ninguna de las autoridades electivas a través de una reforma constitucional parcial, “ eso sólo lo podría hacer el poder constituyente originario”, advirtió Álvarez. “Es una absoluta distorsión y una verdadera aberración jurídica”, indicó.
