La noción de que un crimen que traspasa fronteras debe ser combatido en la misma dimensión, o sea con la cooperación regional y transnacional, no es nueva, pero las fuerzas policiales de Centroamérica, México y Norteamérica consolidan propuestas e ideas novedosas.
En El Salvador acaba de concluir la Tercera Convención Antipandillas, donde participaron 180 delegados policiales de esos países. La cumbre de seguridad trajo nuevas de la expansión de las maras y produjo un paquete de acuerdos.
Entre la información revelada en el evento a la prensa salvadoreña, está que los pandilleros desarrollan sus redes en Canadá, país que hasta hace poco no se veía afectado por la presencia de grupos como la Mara Salvatrucha y la Mara 18, al menos a gran escala. En los últimos meses, las autoridades canadienses han deportado a decenas de mareros salvadoreños.
Hace unas semanas, en un foro sobre violencia y gobernabilidad en Madrid, se afirmó que la policía española ha detenido a pandilleros centroamericanos envueltos en la venta de drogas en Barcelona y Alicante, y que España, dado sus altos índices de consumo de estupefacientes, es un sitio ideal para ellos.
La cumbre consolidó viejas propuestas como la creación de un centro regional antipandillas para intercambiar información y que contará con el apoyo de la policía federal de Estados Unidos, el FBI; estará basado en El Salvador. Y también hay medidas nuevas que los gobiernos deberían estudiar e impulsar.
Entre éstas están una “difusión roja” para pandilleros. Esto es un mecanismo usado por la Interpol y que consiste en difundir la fotografía y datos de los delincuentes entre todos los países que pertenecen a ese cuerpo internacional.
Otra sugerencia es la creación de agregadurías policiales en Centroamérica para agilizar la búsqueda y deportación de pandilleros que hayan huido a países vecinos. Asimismo, se habla de establecer una asociación latinoamericana de investigadores de pandillas y de homologar las legislaciones.
Naturalmente, el intercambio de información es un elemento fundamental, pero también se puede enfrentar obstáculos muy graves.
Uno de ellos es la infiltración de las fuerzas de seguridad por el narcotráfico, otras mafias y la corrupción institucional. ¿Un ejemplo? Guatemala. El asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacen y de su chofer dejó al desnudo la abrumadora penetración por los mafiosos de las fuerzas del orden. Más de 1,500 policías serán reemplazados y se lleva a cabo un proceso de depuración que abarca desde los puestos más altos de la jerarquía cuyos resultados no son ciertos. ¿Es posible compartir información sensible con una institución bajo la sospecha de estar coludida con los maleantes y que hasta podría poner en peligro la vida de agentes infiltrados? Vale la pena preguntárselo.
Sin duda todas estas ideas son positivas pero no deja de ser cierto que siguen enfocándose únicamente en métodos represivos.
El experto Abraham Abrego, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) de El Salvador, asegura que “la política para el combate a la delincuencia está sesgada por los planes de mano dura que han fracasado porque no han disminuido los índices de criminalidad, violencia y homicidios, sino que se han incrementado”.
Las estadísticas parecen darle la razón. Coincidiendo con el foro policial, nueve ONG dieron a conocer en El Salvador el reporte titulado “Centroamérica 2005-2006, desde una perspectiva de Derechos Humanos”, informó la agencia AFP.
El informe confirma que el Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras, países con las políticas más duras contra las pandillas— tiene tasas elevadas de homicidios “endémicas”. Las diferencias con Nicaragua y Costa Rica son abismales.
Cito el documento: “Las cifras comparativas entre los países en la región registran 55.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en El Salvador; 40.6 en Honduras y 37.5 en Guatemala. En contraste, Nicaragua no llega a 8 (por cada 100,000) y Costa Rica registra 6.2”.
Palos no pueden ser la única respuesta. Son necesarias políticas sociales más amplias como parte de la respuesta global. Pero de esto no se habla o los gobiernos no quieren debatir. Mientras, la zozobra social continúa.
