Por más de dos años, autoridades estadounidenses han contado con un arma poderosa para perseguir violadores de derechos humanos de otros países, que se hayan establecido en Estados Unidos. Y ello empieza a surtir efecto.
Los recientes arrestos en la Florida, Maryland y Virginia de tres ex militares latinoamericanos —acusados en Estados Unidos por violaciones a las leyes migratorias, pero buscados en sus países de origen en conexión con torturas y masacres— simbolizan el impacto de la nueva ley. También, gracias a las crecientes facultades procesales contenidas en la ley, Chuckie Taylor, el hijo de ex presidente liberiano Charles Taylor, se convertirá este otoño en la primera persona en ser juzgada bajo un estatuto federal, con13 años de vigencia, destinado a personas sospechosas de haber cometido torturas.
Asombrosamente, cientos de presuntos violadores de derechos humanos de todo el mundo viven en Estados Unidos hoy en día. Son por lo menos 800 de 26 países distintos, según el más reciente conteo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sucesor del Servicio de Inmigración y Naturalización) . Muchos entraron con visas obtenidas ilegalmente al mentir acerca de su pasado ante autoridades consulares estadounidenses. Estos casos se “han convertido en una prioridad para nosotros”, dijo Marcy Forman, directora de la oficina de investigaciones de ICE quien supervisa, entre otras unidades, la Unidad de Violadores de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Forman afirmó que el servicio está usando “todas las herramientas a nuestra disposición” para perseguir a estos presuntos criminales que “sienten que podrían estar seguros” acá.
Antes de que el Congreso le otorgara a ICE esas herramientas extras en el 2004 como parte de la reforma al sistema nacional de inteligencia, la Ley de Inmigración se enfocaba solamente en tres tipos de delincuentes: criminales nazi de la Segunda Guerra, perpetradores de genocidio y violadores substanciales de la libertad de culto. La reforma del 2004 incluyó también a todos aquellos involucrados en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Y permitió que la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia se encargara además de perpetradores de crímenes más recientes y no sólo de criminales nazis. Posteriormente, se conformó un nuevo grupo de trabajo entre varias agencias del Gobierno y, por primera vez, el Gobierno acogió información proporcionada por grupos de derechos humanos para construir sus casos. Pamela Merchant, quien trabajó en el Departamento de Justicia por ocho años, elogió el enfoque y anotó que las agencias están trabajando “internamente de manera más coordinada”. Merchant es ahora directora ejecutiva del Centro para Justicia y Responsabilidad que presenta demandas civiles contra presuntos perpetradores a nombre de víctimas que viven en este país. Los arrestos de los tres presuntos violadores de derechos humanos esta primavera son indicativos del cambio en lo que se consideró por mucho tiempo como pasividad estadounidense contra extranjeros que cometieron crímenes en el exterior. Uno de los tres es Ernesto Guillermo Barreiro, acusado de ser el encargado de los interrogatorios en un centro de concentración donde más de 2,000 personas fueron torturadas o muertas durante la “guerra fría” en Argentina contra revolucionarios de izquierda en los setenta y ochenta. Los otros dos son los peruanos Telmo Ricardo Hurtado y Juan Manuel Rivera Rendón, cada uno acusado de haber liderado unidades militares que masacraron en 1985 a 69 campesinos, durante la campaña militar peruana contra guerrillas de izquierda.
No queda siempre claro por qué aquellos que enfrentan cargos de violación a los derechos humanos intentan entrar a Estados Unidos. Unas veces lo hacen atraídos por familiares que ya residen acá, otras por conexiones previas con este país. A veces también vienen protegidos por la CIA, de acuerdo con Robert White, ex embajador estadounidense en El Salvador. En una entrevista, White recordó que el ex coronel salvadoreño Nicolás Carranza, vinculado a frecuentes abusos a los derechos humanos durante el conflicto civil de El Salvador, fue un aliado “clave para la CIA por muchos años” antes de venir a establecerse en Estados Unidos a mediados de los ochenta.
En el 2005, Carranza fue declarado responsable de supervisar asesinatos extrajudiciales y torturas en una juicio civil presentado por la organización de Merchant, y se le impuso pagar 6 millones de dólares a los demandantes. Carranza continúa negando las acusaciones. Su presencia por tanto tiempo en este país y el tiempo que ha tardado la más mínima acción judicial, revela algunos de los obstáculos para ICE y el Departamento de Justicia. Lo mismo podría decirse del militante anticastrista Luis Posada Carriles, acusado por Cuba y Venezuela de un atentado contra un avión comercial que causó la muerte de 73 personas en 1976. Posada, quien entró ilegalmente al país en el 2005, parece estar protegido ya sea por conexiones con la CIA o por consideraciones políticas o diplomáticas. Gracias al fallo de una juez en Texas a comienzos de abril, Posada fue liberado bajo fianza este jueves.
Merchant y otros expertos en derechos humanos han alabado los recientes esfuerzos, pero la lenta aplicación de la justicia en algunos casos podría empañar el buen trabajo por venir. En juego está el nuevo compromiso de autoridades estadounidenses de no permitir que este país se convierta en refugio para este tipo de inmigrantes ilegales.
