La batalla entre la alcaldesa sandinista de Tola, Loyda García y los cuatro concejales —dos sandinistas y dos liberales— parece no tener fin. A lo largo de varios meses las autoridades elegidas por la población toleña para trabajar por el desarrollo de ese municipio se han enfrascado en acusaciones mutuas a raíz de la emisión de contratos de arriendo en terrenos costeros.
La alcaldesa ha acusado en reiteradas ocasiones a los cuatro concejales de “coimeros”, de usurpar su firma y de tomar decisiones en ausencia de ella. En tanto los miembros del Concejo la acusan de falsear información, cobros ilegales, abuso de autoridad y uso de recursos de la comuna para beneficio personal.
El 30 de marzo pasado el Concejo, a través de sesión extraordinaria, decidió aplicarle a García una sanción consistente en la suspensión de sus funciones administrativas por un período de 90 días hábiles.
Al respecto el contralor Luis Ángel Montenegro, vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), reaccionó diciendo que la sanción no tiene asidero legal y que los concejales deberían estar presos.
Los concejales criticaron la actitud de Montenegro al que calificaron de cómplice de García. Además dijeron que éste trata de tender una cortina de humo para tapar los delitos cometidos por la alcaldesa.
En este sentido aseguran tener pruebas de que ella sí hizo cobros ilegales y refirieron el caso de los norteamericanos Mark Wetstone y Daniel Rubano, a quienes supuestamente les cobró el diez por ciento sobre el valor de la sesión de derechos de arriendo por terrenos costeros en playa Costa Larga.
“Nosotros enviamos las pruebas a la Contraloría, ¿porqué eso no lo refleja el señor Contralor?”, dijo la concejal sandinista Rita Medina.
En tanto el concejal liberal José Dolores Ruiz aseguró que existe una certificación en la cual se dice que el Concejo autorizó ese cobro, “sin embargo nunca autorizamos dicho cobro y la prueba está en que el mismo no se refleja en el libro de actas”, señaló.
Al consultar a García sobre las aseveraciones de los concejales, se limitó a decir que “ya le dije todo al Diario LA PRENSA, en este momento no tengo nada nuevo”.
Se le insistió sobre el supuesto cobro a espaldas del Concejo, y dijo que “eso está en la Contraloría porque ellos mandaron la denuncia y lo están investigando, en cuanto eso esté, yo misma los llamo a ustedes para darles los resultados”.
LA PRENSA insistió en reiteradas ocasiones comunicarse con el contralor Luis Ángel Montenegro para conocer su reacción en torno a las críticas que le hacen los concejales, pero éste no respondió a los llamados.
Según el concejal sandinista César Lumbí, las actitudes de García la han alejado del partido sandinista. “Ella no tiene ninguna relación con la dirección política del partido (…), el partido conoce perfectamente su proceder y no la está apoyando, nosotros estamos esperando que el partido se pronuncie”, afirmó.
