- El nuevo presidente de la CCJ ve un papel distinto ante TLC con EU.UU. y Europa
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Ricardo Acevedo Peralta, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia:
La Corte Centroamericana de Justicia será integrada pronto por más países, afirma su nuevo presidente, el magistrado salvadoreño Ricardo Acevedo Peralta.
Esos países podrían ser República Dominicana (“en un mes”) y Guatemala (“a finales del 2007”). Hasta hoy, la CCJ está formada por Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Esto ha sido posible gracias a la perspectiva de un tratado de asociación con la Unión Europea y con un poco de presión de este bloque que insiste en una mayor integración regional.
El magistrado Acevedo ve un rol más importante para la CCJ en la seguridad jurídica que debe garantizarse para aplicar el DR-Cafta y el tratado con los europeos.
El presidente sostuvo una amplia conversación con LA PRENSA sobre diversos temas del trabajo de la Corte.
Entre uno de sus ambiciosos proyectos está la celebración en octubre, en Managua, de un foro mundial de cortes regionales.
¿Cuáles son sus objetivos al asumir la Presidencia?
La Corte tiene una posición diferente a la de hace unos años por los convenios internacionales que está celebrando Centroamérica como una sola entidad. Ese es uno de los principales retos estratégicos que tiene no sólo la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sino toda la región.
Porque tanto para la aplicación de los TLC con Estados Unidos (DR-Cafta) y con Europa, los centroamericanos necesitan un instrumento que les garantice la primacía de sus garantías y sus derechos concedidos por los instrumentos regionales de integración.
Y del otro lado, los europeos y los norteamericanos también necesitan de que los convenios que firmen sean respetados por Centroamérica.
Por lo tanto, la garantía de este Estado de Derecho requiere de una institución fuerte y legítima de orden jurisdiccional y también de orden arbitral.
Por ellos es necesario desde el punto de vista de la legitimidad de la región que todos los países que no están incorporados a la Corte y que ya firmaron el estatuto aunque no lo hayan ratificado, se incorporen de inmediato para que ésta tenga la legitimidad suficiente como la que reclama (la Unión Europea, UE).
¿Habrá nuevas incorporaciones a la CCJ pronto?
Nos hemos dedicado a esto, con el aval de los gobiernos y con el aval y el apoyo estratégico y económico de la UE. Hemos trabajado intensamente a Guatemala, a Panamá; he trabajado yo un poco, no mucho, a Costa Rica, donde está un presidente amigo con el cual luchamos por la paz en Centroamérica, el doctor Oscar Arias.
La República Dominicana también ha estado interesada y próximamente se incorporará a esta Corte en su calidad de miembro asociado. Vamos a tener a la Dominicana en un cortísimo plazo, el otro mes diría yo.
¿Y Guatemala?
Guatemala …yo me atrevería a decir que antes que termine el año ya está incorporado también, porque el tratado (el estatuto) de la CCJ ya está presentado nuevamente en el Congreso para su aprobación. Después que fue presentado inmediatamente posterior a su suscripción en el 94 pasaron más de diez años, durante los cuales no se le ratificó.
Panamá está en la misma posición. Envió (el Gobierno) el estatuto (al parlamento) hace muchos años también, sin embargo, no ha sido ratificado, (pero) tenemos el compromiso del presidente Martín Torrijos de hacerlo a la brevedad.
En el caso de Guatemala, ¿no había una prohibición constitucional para ratificar el estatuto?
Ha habido un enfoque equivocado de las autoridades guatemaltecas.
Todavía las cortes nuestras están muy vinculadas a lo nacional y no desprenden mucho como para reconocer la primacía de los tratados comunitarios.
En Guatemala, como en otros países se ha manejado que mientras un Estado no sea parte de la CCJ, no debe respetar sus fallos, cosa que está equivocada. Porque la Constitución de Centroamérica es el Protocolo de Tegucigalpa (1991) y dice todo lo contrario: que los fallos de la Corte van a afectar a todos los países del SICA (Sistema de Integración Centroamericana), hayan ratificado o no el tratado de la CCJ (su estatuto).
¿Por qué eso tiene lógica? Porque todos los Estados (que) firman el Protocolo de Tegucigalpa y lo ratifican, tienen que aceptar las responsabilidades del acervo comunitario centroamericano en todos los ámbitos.
No se concibe que entre un país a un sistema comunitario y no acepte los fallos de un tribunal que garantiza la vigencia plena de ese sistema comunitario. El Protocolo de Tegucigalpa establece que la Corte es el órgano judicial de Centroamérica que todos deben respetar.
Como Estado han estado desprotegidos y sus ciudadanos.
El aumento de los magistrados de la Corte también significa un aumento de su presupuesto y hasta trasladarse a un edificio nuevo.
Es una obligación que tienen los Estados en virtud del Protocolo. El estatuto de la Corte establece que cada país va a aportar de igual manera en el sostenimiento de la Corte. Cada Estado debe pagar una cuota anual.
Honduras y Nicaragua adeudaban hace un tiempo sus contribuciones. Honduras hasta se había “retirado” de la CCJ con el presidente Ricardo Maduro. ¿Qué ha pasado, se han puesto al día?
Sí. Afortunadamente, gracias al esfuerzo —no debería usar esta palabra— de la UE por apoyar el proceso de integración los países han recapacitado.
La UE está invirtiendo millones y millones de dólares en la institucionalidad de Centroamérica. Entonces los países han respondido y han estado cumpliendo con sus obligaciones.
Honduras hace poco, a través de un decreto ejecutivo, dejó sin efecto el decreto anterior del presidente Maduro de “congelar” la participación de Honduras. Eso está ya superado.
¿Y Nicaragua?
Honduras ya se está poniendo al día, ya aprobó presupuestariamente para cubrir la mora y ya hizo los primeros pagos. Y Nicaragua también.
¿Cuánto adeudan aún estos dos países?
Con lo que han programado, ya es muy poco, ya es cuestión de una cuota, aunque no tengo el dato exacto.
Los países (todos lo del SICA) sí han reaccionado al estímulo europeo. Y al mismo incentivo que ha producido el TLC con Norteamérica, porque los centroamericanos tienen que protegerse (contra algunos posibles aspectos) de estos tratados de libre comercio que en algunas oportunidades podrán poner en peligro sus derechos previamente adquiridos en base a los tratados fundamentales de la integración.
¿Será este tratado de asociación con Europa un factor que obligará a respetar los fallos? Porque tenemos casos de desacatos, como Honduras o Nicaragua, cuando la CCJ mandó a parar la ratificación del Tratado Ramírez-López por Honduras, o a Nicaragua la imposición de un impuesto del 35 por ciento a los productos de los vecinos del norte.
El incumplimiento de algunos fallos de la Corte está relacionado más bien con asuntos que tienen un matiz político.
Porque todos aquellos fallos relacionados con cuestiones comunitarias, con la interpretación y violación de los tratados comunitarios, los Estados los han respetado en un 90 por ciento.
Cuando ha habido alguna reticencia de parte de los Estados en cumplir es cuando hay elementos políticos de por medio. Cuestiones relacionadas con inmunidades de ex presidentes o ex vicepresidentes, en el Parlacen. Cuestiones relacionadas con conflictos internos, donde hay una especie de claroscuro.
¿La Corte debería tener en realidad injerencia cuando los órganos de un Estado entran en conflicto? ¿no es cosa del pasado? ¿no debería ser como en la Corte Europea que sólo tiene competencias en temas de tipo comunitario?
Hay un campo virgen para el desarrollo del derecho comunitario centroamericano.
Claro. Para mí esas son cosas del pasado. ¿Es conveniente que el presidente y los vicepresidentes gocen inmediatamente de la inmunidad que les da por derecho ser diputados del Parlacen?
¿Está contra esa inmunidad?
No. Yo estaría de acuerdo si los presidentes no fueran diputados al Parlacen de manera inmediata, o si pudiera regularse su estatus para que no se preste a manipulaciones.
Son preguntas que todo el sistema (de la integración) debe preguntarse y responder.
