La conceptualización de banca de desarrollo varía con el tiempo y la fuente consultada. En algunos casos la definen de manera muy general (“todas aquellas instituciones financieras que contribuyen al desarrollo económico de un país”). En otros se hace hincapié en su carácter crediticio (“intermediarias financieras especializadas en la movilización de recursos internos y externos para su asignación en la forma de préstamos a mediano y largo plazo hacia proyectos de desarrollo”), y otros más le agregan algunas funciones promocionales.
En este artículo se entiende por banca de desarrollo o institución de fomento a todos los organismos públicos de crédito especial cuyo propósito básico es apoyar e impulsar a los sectores y proyectos económicos que por sus características de riesgo y maduración no los atienden los intermediarios privados, por medio del financiamiento y servicios de apoyo y promoción que contribuyan a obtener resultados económicos y sociales que sustenten el desarrollo de un país.
Sin la participación y el financiamiento de esas instituciones no se podría explicar la creación y el desarrollo de gran parte de la infraestructura de la zona, sobre todo la que ha requerido largos plazos de maduración, como hidroeléctricas, caminos y puentes, vías férreas, centros portuarios, etcétera el establecimiento de empresas en nuevos espacios del desarrollo nacional con base en la incorporación de nuevas tecnologías; la puesta en marcha de proyectos prioritarios y de alto riesgo financiero, por lo general desatendidos por el capital privado, y la asistencia crediticia a agentes productivos específicos, tantos industriales como agrícolas, cuyas características y posición socioeconómicas los excluyen del financiamiento bancarios comercial, pero que requieren recursos para subsistir y evolucionar.
Sin duda, uno de los puntos que mayores polémicas y discusiones despierta en torno a la banca de desarrollo son los usos y los costos de los subsidios, con los cuales se financian diversas operaciones, principalmente las de fomento. Varios receptores económicos se oponen de manera irracional, casi dogmática, a ellos, pues sostienen que su abuso sólo ha desvirtuado las operaciones de estas instituciones, además de acarrear vicios, incompetencia, corrupción y un elevado costo para la sociedad.
Estas opiniones no son gratuitas; tienen su origen en lamentables prácticas del pasado. Muchas veces los subsidios de las instituciones de fomento han sido desproporcionados, mal utilizados y poco transparentes. Sin embargo, y como lo demuestra la experiencia internacional, las subvenciones son necesarias y justificables, si bien su uso se debe racionalizar.
En efecto, en los países desarrollados los incentivos y los subsidios son una práctica corriente, con base en la estricta supervisión de la sociedad. “¿Por qué quienes niegan esta posibilidad a nuestras instituciones aplauden lo que hacen los países exitosos en la globalización, como la Small Business Administration en Estados Unidos; el ICO en España, o las políticas de fomento en los países asiáticos.
Las políticas de fomento y promoción de la banca de desarrollo tienen necesariamente un costo que debe financiarse con recursos fiscales, por medio justamente de la aplicación de subsidios, los cuales deberán se transparentes, presupuestados y sobre todo, temporales. “Es importante aceptar que en todo el mundo las políticas de fomento tienen un costo presupuestal que debe clasificarse en un rubro intermedio entre apoyo económico y social.
No se de trata de volver a épocas de subsidios enormes, desproporcionados y las más de las veces injustificados; se trata de apoyos temporales, transparentes y que sean aprobados y supervisados por el Poder Legislativo, una vez más quien nos da una perspectiva oportuna sobre este punto es el maestro David Ibarra, quien después de reiterar la necesidad de que los subsidios sean temporales, transparentes y dirigidos como sucede en los países industrializados, subraya que aquellos “no constituyen violación de las reglas del mercado sino emparejamiento del terreno de la competencia. De otra manera, los apoyos que se niegan reaparecerán magnificados en carteras incobrables de los bancos o en generación de desempleo y pobreza ante la imposibilidad de la planta productiva para simultáneamente reconvertirse y competir.
Con base en su objetivo social y político, los subsidios a las actividades productivas deben ser cubiertos por el Estado, el cual tiene el deber de buscar y financiar las bases que propicien el desarrollo económico y social de las nacionales.
Pedir a los propios bancos de desarrollo que cubran los costos de sus operaciones de fomento coloca a estos en una delicada situación financiera, les resta capacidad de gestión e incide de forma negativa en su productividad. Por ello los congresos nacionales deben destinar una partida presupuestaria específica para estas operaciones, pues sus objetivos económicos y sociales lo justifican plenamente.
Se debe insistir en el carácter temporal de los subsidios, pues desde ninguna óptica estos pueden ser perpetuos. En la medida en que estos incentivos temporales sean bien dirigidos, aplicados y supervisados y cumplan de forma cabal su objetivo de fortalecer e impulsar a las industrias y agentes económicos abarcados, su misión terminará y estos serán considerados por los intermediarios financieros privados.
El autor es profesor universitario, Facultad de Derecho , UNAN -León
