- Por matanza de presuntos terroristas
El presidente Alan García declaró ayer sobre la matanza de más de 100 presuntos terroristas en un motín en una isla penal en 1986, y se convirtió en el primer jefe de Estado peruano en ejercicio en ser interrogado judicialmente por un caso de violación de derechos humanos.
García respondió como testigo ante la jueza María León, del primer juzgado penal supraprovincial, sobre las funciones que cumplió durante la debelación del motín su ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien dirigió las acciones represivas, tras contradicciones surgidas en el proceso.
La justicia trata de determinar qué ordenes le impartió a su ministro, brazo derecho durante su primer mandato (1985-1990).
García debe aclarar si conocía el curso de las acciones en tiempo real a través de un equipo de comunicación, y si tuvo conocimiento de los excesos registrados durante la represión.
Los jefes militares de la época aseguran que siempre mantuvieron informado por escrito a García, entonces de 37 años, y a su ministro Mantilla, de la evolución del sangriento motín.
El caso de la matanza en la isla penal El Frontón, donde murieron 130 acusados de terrorismo vinculados al grupo Sendero Luminoso (SL, maoísta) entre el 18 y 19 de junio de 1986, persigue como su sombra desde hace más de dos décadas al mandatario.
García aseguró luego en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, que colaborará con la justicia cuantas veces sea necesario, aunque recordó que lleva 21 años haciéndolo y jamás se le probó responsabilidad penal alguna.
«Estoy convencido que con mis testimonios puedo ayudar a esclarecer situaciones y estoy a disposición siempre de la justicia», dijo el mandatario, quien negó haber incurrido en contradicciones.
«Es un tema que va a cumplir 21 años y por el cual he prestado 19 veces declaraciones. En varias ocasiones he sido exonerado de responsabilidades», resaltó el presidente, que criticó los vacíos de la legislación que permiten tener abierto tantos años un caso.
