- Un salvadoreño que soportó 15 días de crueles torturas en los 80, ganó una querella judicial en EE.UU.
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El irritante olor del desinfectante, sudor y el terror saturó los poros de Carlos Mauricio, que con los ojos vendados escuchaba los quejidos de otros prisioneros políticos en los cuarteles de la policía nacional de El Salvador.
Se oían gritos de dolor y preguntas sin respuesta, acompañados por el sonido hueco de los golpes y un ruido que le recordaba sus días de trabajar con ganado: el chispazo de un bastón eléctrico, seguido por quejas guturales y el golpeteo de cuerpos agitándose.
“Comprendí que estaba en una cámara de tortura. En ese momento, acepté mi muerte”, dijo.
Era 1983 y El Salvador se encontrada en medio de una guerra civil de doce años que costó unas 75,000 vidas. Mauricio, profesor de agronomía de la Universidad de El Salvador, había sido sacado de su salón de clases por hombres armados.
Sentado en la oscuridad y esposado a una tubería, sus extremidades se sacudían por un pánico creciente. “Sabía que yo era el siguiente”, dijo.
Mauricio soportó 15 días de cautiverio y tortura, perdiendo su dignidad, su capacidad de confiar en alguien y su fe en la justicia. Sin embargo, parte de esta última le fue restituida luego de un largo proceso legal que terminó el verano pasado.
Mauricio y otros dos prisioneros políticos en El Salvador demandaron ante la justicia estadounidense a los jefes militares que alguna vez controlaron la nación centroamericana. Junto con la trabajadora eclesiástica laica Neris González y Juan Romagoza Arce, médico que prestaba servicios voluntarios a los pobres, Mauricio obtuvo una indemnización por unos 54.6 millones de dólares, un pago pendiente en tanto se resuelve una apelación de los acusados.
Los tres han recibido hasta ahora alrededor de 300,000 dólares, los cuales han donado para causas humanitarias. Este es uno de los primeros casos en que sobrevivientes de tortura pueden hacer pagar a los responsables de los abusos que sufrieron.
Mauricio, quien reside en San Francisco, considera que el caso sienta un precedente mucho más importante que el dinero recibido.
“Ellos nunca reconocieron su responsabilidad. Nosotros los desenmascaramos como unos criminales”, dijo sobre los militares.
ANTE EL TRIBUNAL
Alguna vez entre los hombres más poderosos de El Salvador, los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova comparecieron ante un tribunal de West Palm Beach, Florida, como una muestra de su disminuida influencia.
Los dos ahora son abuelos y viven retirados en Estados Unidos, el país que apoyó la lucha de su régimen contra la oposición de izquierda.
“Sin embargo, a pesar de eso, seguían comportándose como si fueran intocables”, dijo Mauricio.
“Fueron arrogantes. Nos miraban como diciéndose, qué pueden hacer tres salvadoreños en nuestra contra?”, dijo.
Cerca de 400,000 sobrevivientes de tortura viven en Estados Unidos y alrededor de mil perpetradores residen entre ellos, de acuerdo con informes de Amnistía Internacional.
Alrededor de una docena de casos como el de Mauricio han sido tratados en las cortes estadounidenses, muchos de ellos manejados por el Centro por la Justicia y Responsabilidades, con sede en San Francisco, que manejó el caso en la Florida en nombre de Mauricio, Neris González y Romagoza Arce.
“No todos los que han sido sometidos a tortura pueden enfrentar un juicio”, dijo Moira Feeney, abogada del grupo.
Algunas personas necesitan cerrar esa puerta para nunca volver a pensar en eso. Pero para otros, la idea de que el perpetrador se pasea libremente refuerza sus traumas.
