Una importante organización no gubernamental propuso a las autoridades costarricenses aumentar la edad mínima para la incorporación legal de menores de edad al trabajo, como una forma de incentivar que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo.
La legislación local permite el trabajo a los adolescentes a partir de los 15 años, siempre que no se obstaculice su derecho a la educación y a la salud. No obstante, la educación secundaria se completa en promedio cuando los jóvenes tienen entre 16 y 18 años.
“Con qué criterios se definió que los 15 años es una edad adecuada para empezar a trabajar”, cuestionó el estudio del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal), presentado por su director regional, Nick Mills.
En el marco de Preal se ha desarrollado en la región un proyecto denominado Primero Aprendo, que de acuerdo a Mills, tiene tres años de estar en desarrollo en países centroamericanos, así como en República Dominicana.
“Estamos trabajando con más de 2,000 niños en 40 comunidades de cuatro países involucrados, se trata de un trabajo piloto para ensayar 21 modelos educativos, con el fin de determinar cuáles serían más eficaces para que un niño que trabaja se inscriba en el sistema educativo, se quede en él y, ojalá, disminuya o elimine las horas de trabajo”, explicó.
Datos contenidos en la publicación de Primero Aprendo indican que en Costa Rica —al 2002— existía una población ocupada de 113,523 menores de entre 5 y 17 años, el 73 por ciento eran varones. El problema es que del total, un 43 por ciento estaba por debajo de los 15 años.
Entre los adolescentes entre 15 y 17 años, el 63 por ciento no asistía al colegio y de ellos, el 34 por ciento alegó no tener interés en el aprendizaje, lo que según Mills refleja deficiencias en la oferta educativa.
Entonces se plantearon otras recomendaciones, como establecer incentivos que estimulen la asistencia a la escuela, como becas y planes de alimentación. También adecuar los contenidos para que sean más flexibles y evitar el rezago de los que trabajan, así como ofrecer alternativas de formación técnica.
Mills adelantó que publicaciones similares a la del caso de Costa Rica se harán en cada nación centroamericana.
