- Suspenden masiva protesta en la capital boliviana
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El Presidente izquierdista Evo Morales revocó el miércoles su decisión de aplicar un alza tributaria a la minería privada en Bolivia, después de alcanzar un acuerdo con la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), miles de cuyos afiliados protestaron en La Paz los últimos días.
Morales y el dirigente de Fencomin Andrés Villca firmaron un convenio de efecto inmediato, tras seis horas de negociación, que establece la “democratización el sistema impositivo bajo el principio de progresividad: el que más gana, más paga”.
Fencomin se comprometió “a buscar junto al gobierno mecanismos para mejorar la recaudación fiscal del sector minero”.
La administración Morales revisó su decisión de aplicar un alza en los impuestos a la minería privada en Bolivia, luego que entre 10,000 y 15,000 trabajadores se tomaran entre lunes y martes la sede del gobierno boliviano, con marchas y detonaciones de fulminantes de dinamita.
Villca destacó “la buena voluntad y predisposición de parte del Presidente”, que permitió que las partes alcancen un acuerdo, tras cuya validación los mineros inconformes comenzaron a replegarse a sus distritos andinos.
“Vamos a retornar a las bases para que el gobierno cumpla este acuerdo que se está sosteniendo”, afirmó el líder de Fencomin, que agrupa a 64,000 trabajadores que explotan a riesgo propio los yacimientos mineros de los Andes bolivianos.
El Presidente agradeció a la contraparte “por entendernos” y por evitar “problemas, todo por nuestro pueblo, por nuestra familia grande que es Bolivia y por los sectores” sociales.
El gobierno se comprometió a apoyar, con un fondo de 10 millones de dólares, “la reactivación de la minería cooperativizada para mejorar sus condiciones de productividad”.
RESPETARÁ ACUERDOS
También a respetar “los contratos (de concesión) en ejecución, agilizar los trámites pendientes y solicitudes de ampliación de áreas de trabajo”.
Morales asumió la dirección de la negociación después que los cooperativistas mineros ocuparan una céntrica plaza capitalina y libraran escaramuzas con policías y transeúntes, con un saldo de dos uniformados heridos.
Los mineros, que atacaron a la fuerza pública con fulminantes de dinamita, tomaron de rehenes a cuatro policías y secuestraron dos vehículos de servicio público que devolvieron tras una negociación con las autoridades.
Un grupo de mineros intentó ingresar a la Plaza de Armas —a uno de cuyos costados se alza el presidencial Palacio Quemado— pero fue frenado por la Policía Militar.
La agrupación opositora Podemos, del ex presidente conservador Jorge Quiroga, pidió al mandatario socialista “un trato preferencial” para los mineros autónomos.
El senador derechista Oscar Ortiz pidió “darles seguridad jurídica en sus contratos de concesión”.
El gobierno buscaba subir el Impuesto Complementario Minero (ICM) a distintos niveles según el metal y la fluctuación de la cotización internacional.
