En los primeros 100 días del nuevo Gobierno debe generarse la confianza concreta, ya no como expectativas para los sectores, y haber resuelto los problemas y obstáculos de las falta de sinergias de instituciones y haber definido los siguientes elementos:
Clasificación funcional y económica del gasto público:
—Es necesario desarrollar una política fiscal más equitativa, transparente y socialmente incluyente. La política fiscal es el principal instrumento con que cuenta el Estado para combatir la pobreza, y por tal razón debe trabajar un esquema de consolidación fiscal que requiere de una cuidadosa revisión para hacer que el país tenga un política fiscal con menor presión, pero más amplia, incluyente y transparente. En este contexto es necesario señalar algunas pautas concretas, como son:
Desarrollar un proceso de reestructuración de las exoneraciones que implica eliminar aquellas que no tienen ninguna retribución más que contribuir al enriquecimiento prebendario, inefectividad para generar empleo. Hay sectores que requieren de apoyo por parte del Estado y éstos deben recibirlo pero con transparencia.
Siguiendo este orden las exoneraciones actuales que oscilan alrededor de 3,878.4 millones de córdobas constituyen una carga extrema para los pobres y por consiguiente los mejores mecanismos dirigidos para reducir la pobreza son los subsidios presupuestados. Desarrollar un proceso activo y contundente de transferencia en la política fiscal con objetivo de reducir paulatinamente las exoneraciones a sectores con alta acumulación de ganancias, y sectores improbables de desarrollar mejorías tecnológicas y organizativas. Este proceso debe ser dirigido de forma transparente por medio de subsidios a los sectores de alto contenido generador de empleo, y desarrollo de nuevas y mejores prácticas productivas, especialmente a los pequeños productores agropecuarios e industriales.
Desarrollar una reestructuración estratégica del Estado para liberar recursos y destinarlos a fortalecer la institucionalidad territorial y municipal. El Gobierno saliente generó la creación de una cantidad de instancias administrativas burocráticas y alto grado de dispersión de instituciones que no pudieron desarrollar sinergias entre ellas. Esto ha creado un Estado lento e ineficiente y alejado de los problemas reales en los territorios.
Se requiere de un tratamiento estratégico de la deuda pública de Nicaragua. Con el proceso de condonación de la deuda externa se está culminando toda una estrategia que implicaba lograr que el peso de ésta se redujera para alivianar a los sectores económicos del país, no obstante, el gobierno saliente no ha dejado elaborado una estrategia coherente para que la actual deuda externa, que aún sigue siendo pesada, y más aún la deuda interna puedan ser liberadas a través de una carga menos onerosa para los sectores económicos y sociales de Nicaragua. Se hace necesario aprovechar la liquidez del mundo para comprar o transar deudas del Estado. Es necesario aumentar las garantías de los títulos emitidos por el Estado y adquirir financiamiento y manejo de deuda para un mayor largo plazo dentro de un esquema de refinanciamiento. Lo anterior contribuirá notablemente a disminuir las condicionalidades del FMI.
Fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales, ya que estos tienen un mejor posicionamiento institucional para aplicar y dimensionar el gasto de reducción de pobreza en el territorio. Aparte de lo anterior, constituyen los eslabones políticos más importantes de autoridad y reconocimiento de la población. Así como mantener las transferencias establecidas por la Ley a los gobiernos municipales, es necesario considerar su participación activa en la formulación y ejecución del gasto social y para la reducción de la pobreza. Lo anterior también debe ser extensivo en armonizar las reglas operativas de los programas de inversiones públicas del Gobierno Central y los Municipales, precisando sus componentes y estableciendo como principio legal para la aprobación de cualquier proyecto y programa de inversión público el gasto de la Reducción de la Pobreza por la AN, la elaboración de una línea de base, indicadores y seguimiento output trimestral.
Simplificar las normas operativas de asignación presupuestaria por parte del MHCP a los gobiernos municipales para mejorar la oportunidad en el suministro de apoyos y eliminar el diferencial entre el período efectivo de gasto y el ejercicio fiscal. De igual manera, prestar la atención debida a la necesidad de obtener fondos recurrentes para la operación y desarrollo de programas especiales, en especial los productivos en períodos estacionales para cultivos emergentes. Este fondo debe ser consignado por el Gobierno y aprobado por la Asamblea Nacional.
Fomentar un papel más activo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Presidencia de la República y la Comisión de Seguimiento de la Reducción de la Pobreza de la Asamblea Nacional, para la coordinación de los programas municipales con enfoque territorial, seguimiento y establecimiento de sinergias institucionales. En este orden debe complementarse el seguimiento del presupuesto con una revisión profunda al sistema del E-SIGFA, por cuanto debe mejorar su capacidad de información para establecer medición continua del déficit fiscal y “cash flow” del Gobierno y en especial de las asignaciones a la reducción de la pobreza.
Reformar la Ley No. 466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua. Adicionar en el Arto. No. 12. Adicionar que el uso de las transferencias sean también para proyectos de reducción de la pobreza extrema. Adicionalmente, reformar la Ley No. 40 y 261 Ley de Municipios. Adicionar en los Arto. 6, y Arto. 7, la función de trabajar en la reducción de la pobreza. Agregar y adicionar que los gobiernos locales deben participar e incidir directamente en los proyectos y programas de desarrollo y combate a la pobreza.
Decreto No. 497, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Establecer reformas sustanciales y convertir en un instituto exclusivamente de asistencia para formular, desarrollar y ejecutar programas y proyectos comunales, y fortalecer la coordinación interinstitucional territorial.
Fortalecer el enfoque de Armonización y Lineamiento de la cooperación internacional que está compatibilizada con la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.
MÚLTIPLES FACTORES
1. Son múltiples los factores que impiden resolver el problema de la pobreza en Nicaragua, los cuales son no sólo de carácter económico, sino también sociopolítico, relacionados con la persistencia de estructuras socioeconómicas atrasadas y con su posición desventajosa en las políticas y espacios de participación que los sectores pobres mantienen en la sociedad. Por ello se requieren profundas transformaciones de carácter estructural, tanto en la forma de aceptar e implementar la cooperación internacional, en las instituciones del Estado, en lo económico como en lo político y lo social, lo cual debe ir acompañado del reemplazo de los actuales modelos de desarrollo existencialista y excluyente, por un esquema en los cuales se dé una mejor distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades para todos, dependiendo de sus capacidades.
2. El combate a la pobreza debe ser tratado con un enfoque integral del problema, desde sus raíces, con el fin no sólo de mejorar las condiciones materiales de vida de la población, sino también su calidad, a partir de un mayor grado de libertad política y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan directa o indirectamente sus intereses, además debe garantizar un nivel cada vez más creciente de acceso a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. Para ello se requiere también de profundas reformas en las costumbres políticas y en la manera en que funciona el Estado, mejorando su eficacia y su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.
3. En este proceso de reformas profundas de incluirse igualmente y es necesario comprometer al sector privado en la solución de los problemas que impiden mejorar la situación de los más pobres. Esto naturalmente de alguna manera ofreciendo las libertades de mercado, justicia y condiciones favorables para que el proceso inversionista privado se desarrolle sin obstáculos, pero consciente de que tiene que poner una mayor voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios para que el país progrese de forma justa y sin obstáculos tan grandes como los que impone la pobreza.
El autor es economista y jurista
