Esta crisis cuya duración, profundidad y extensión, le dan un carácter estructural, es la más severa, larga y generalizada que ha vivido nuestro país. Los retrocesos que produjo en nuestros procesos de desarrollo provocaron la caída del PIB por habitante, la profundización de los problemas sociales y grandes desequilibrios estructurales internos y externos.
Su origen se encuentra básicamente en factores externos, los cuales han generado graves problemas de balanza de pagos, como producto de las altas tasas de interés nominales y reales y el hecho son precedente en nuestra historia de habernos convertido en exportadores netos de recursos financieros; el continuo y más agudo deterioro de los términos de intercambio, atribuibles en lo fundamental a la constante caída de los precios de los productos básicos y materias primas que exportamos; y la proliferación de las barreras proteccionistas en los países industrializados y el aumento desproporcionado de los precios del petróleo.
Todo ello se traduce en un costo que, tras años de sacrificios económicos y sociales, hace que las cargas para nuestra sociedad estén llegando a límites intolerables, en todos los sectores de la vida nacional, que reclaman urgentemente al Gobierno de la República, alternativas de solución para que nuestro país sea viable tanto en el contexto interno como internacional.
Las bases conceptuales de las políticas de ajuste que se recomiendan a nuestros países se han traducido en condicionalidades de corto y mediano plazos, que han afectado adversamente su recuperación internacional y las conductas de los agentes económicos de la región, que a la postre no resultaron realistas. Tampoco han tomado en cuenta las situaciones disímiles existentes en nuestros países, ni la naturaleza de sus estrategias nacionales de desarrollo de los países de la región, teniendo en cuenta sus particularidades.
Con un alto costo político y social hemos hecho un enorme esfuerzo interno para ajustar nuestra economía, con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el sacrificio realizado no ha permitido hacer frente al logro de los objetivos de propuestas. De mantenerse esta difícil situación prevalecerán las condiciones recesivas e inflacionarias y nuestras posibilidades de recuperación continuarán siendo precarias. Los procesos de ajuste, que se estimaban de carácter transitorio mientras se reactivaba el crecimiento de la economía internacional y se avanzaba en los propósitos de cambio estructural interno, se han prolongado en el tiempo, amenazando con convertirse en una forma crónica de funcionamiento de nuestra economía, asociados los factores ocurridos en los Estados Unidos ya conocidos, que ha producido una desaceleración económica, que producen efectos de rebote en nuestro país.
Por consiguiente, contrarrestar las tendencias recesivas dominantes es el mayor desafío que debe enfrentar el Gobierno, junto con todos los gobernados. Conviene, por tanto, abordar la crisis presente de manera pragmática e innovadora, en la búsqueda de la recuperación y en el establecimiento de vínculos que signifiquen desarrollo y equidad social, con la base a los rasgos particulares de las exigencias de todos los sectores sociales de la nación, que es de tomarse en cuenta e incluirlos en el diálogo nacional que se efectuará en fecha próxima.
La definición de una nueva política, así como de su contenido y alcance, está indisolublemente relacionada con el generalizado proceso de democratización, gobiernos y sociedades civiles debemos demostrar nuestra capacidad de asumir responsabilidades —los desproporcionados costos y sacrificios del ajuste así lo muestran— y hoy reiteramos nuestro compromiso con políticas caracterizadas por enfoques innovadores de estabilización y ajuste, que privilegien el crecimiento y el desarrollo, protegiendo nuestras economías de los impactos negativos externos; que, además de tener en cuenta los equilibrios macroeconómicos, promuevan también la recuperación del empleo y la defensa de los grupos más desprotegidos, y que se traduzcan en programas expansivos y eficientes que faciliten los cambios de fondo, reduzcan los sacrificios de las poblaciones y logren soluciones permanentes.
Esfuerzos sistemáticos y sostenidos encaminados a ampliar y transformar las estructuras productivas, con el objeto de aumentar la eficacia, mejorar la articulación de todos los sectores de la vida nacional, utilizar las potencialidades de la transformación tecnológica, cambiar cualitativamente la inserción de nuestro país en la corriente del Comercio Internacional y ofrecer las bases para un crecimiento y desarrollo sostenido.
Promoción del ahorro interno y su orientación hacia inversiones productivas que contribuyan al proceso de recuperación económica, para lo cual habrá que conciliar los patrones de consumo con los de acumulación, fortalecer las finanzas del sector público e instrumentar políticas de estímulo al ahorro institucional, social y personal.
Es necesario la distribución más equitativa de los costos y frutos del progreso material, en el marco de un proceso participativo, indispensable en la ejecución de las estrategias de desarrollo económico y social al que se aspira, con la implementación del nuevo plan de gobierno en toda la nación, en conjunción con la Cooperación Internacional, y tomando en cuenta el ingreso de nuestro país a la iniciativa de los países pobres altamente endeudados y la cuenta del milenio.
