Guerrilleros del FMLN bloquean una carretera. Los doce años de guerra civil dejaron en El Salvador más de 75,000 muertos, más de 7,000 desaparecidos, unos 20,000 lisiados, más de 500,000 desplazados de sus lugares de origen, y pérdidas económicas por US$1,579 millones. (LA PRENSA/ARCHIVO)

Quince años de paz

¿En qué consistieron los acuerdos de 1992? [doap_box title=»Iglesia señala los déficits» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La Iglesia Católica salvadoreña observa muchas faltas en materia económica y judicial en el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados hace 15 años entre el Gobierno y la guerrilla. El Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dice que […]

  • ¿En qué consistieron los acuerdos de 1992?
[doap_box title=»Iglesia señala los déficits» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»]

La Iglesia Católica salvadoreña observa muchas faltas en materia económica y judicial en el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados hace 15 años entre el Gobierno y la guerrilla.

El Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dice que el Capítulo V de los acuerdos, referente a la instalación de un Foro Económico y Social “nació casi muerto”, ya que sólo se instaló, pero “fue boicoteado”. Según los acuerdos, se debía instalar una mesa de concertación para una política económica y social con representantes del Gobierno, la empresa privada y los trabajadores.

Rosa Chávez dijo que tanto el Gobierno como la empresa privada optaron por impulsar el modelo neoliberal, el cual “funciona fabricando más pobres, ya que sólo garantiza un crecimiento macroeconómico”

Afirmó que “la gente está muy desanimada, eso indica que la percepción de lo que pasó después de la firma (de los acuerdos) es básicamente preocupante”. Dijo que las causas de la guerra fueron ideológica, con “el motor marxista” de una parte y la “seguridad nacional que consideraba a todo opositor candidato a muerte”, y otra geopolítica, condicionada por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Pero la causa más profunda, añadió, era “la injusticia estructural, pero esto no se tocó”.

“A mí me sorprende una cosa, antes se hablaba de catorce familias (que concentraban la mayor riqueza del país), hoy se habla de cinco”, expresó el Obispo, al indicar también que la banca privada ha pasado a manos de compañías internacionales y “por eso es que me viene a la mente que el país es como un salón de usos múltiples”. “Dónde está la soberanía? Los presidentes (del país) casi son gerentes de la empresa privada”, añadió.

La directora de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, recordó que las Naciones Unidas promovió en primera instancia un acuerdo sobre derechos humanos e instaló una oficina para su verificación en 1990, pero además se acordó la instalación de la Comisión de la Verdad, para que investigara los crímenes de lesa humanidad, entre 1980-1992.

Hernández dijo que la aprobación de una ley de amnistía, en 1993, y su vigencia hasta ahora no ha permitido superar la impunidad, que “viola tres derechos fundamentales de toda persona humana: verdad, administración de justicia y reparación de los daños a las víctimas y sus familiares”.

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Los salvadoreños conmemoraron esta semana, 15 años del fin de la guerra civil con la firma de un complejo acuerdo de paz , que sometió el Ejército al poder civil y desarmó a la guerrilla izquierdista, cerrando uno de los últimos conflictos de la confrontación Este-Oeste.

Los acuerdos fueron firmados el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México, por el presidente Alfredo Cristiani con su comisión negociadora y por los comandantes de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

El plan de paz contempló un cese al fuego a partir del 1 de febrero de 1992 y ordenó el repliegue del Ejército gubernamental a 100 posiciones a nivel nacional, mientras que los combatientes del FMLN se concentraron en 50 campamentos en 12 de los catorce departamentos del país, mientras llegaba el tiempo de su disolución.

En virtud de los acuerdos, la Fuerza Armada, de 63,000 efectivos, se redujo a 30,000, además afrontó un proceso de depuración, y por ley fue declarada una institución “obediente (al poder civil), profesional, apolítica y no deliberante”.

Tres cuerpos de seguridad —Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda—, fueron declarados “proscritos” y se fundó la Academia Nacional de Seguridad Pública, encargada de formar a los agentes de la naciente Policía Nacional Civil.

Para garantizar el proceso demócratico y la justicia, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de la Judicatura, esta última instancia encargada de evaluar los candidatos a jueces.

En cumplimiento de los acuerdos, el FMLN destruyó públicamente sus armas, desmovilizó a más de 8,000 combatientes y se transformó en partido político el 14 de diciembre de 1992, y en la actualidad es la primera fuerza de oposición en el Congreso controlado por la derecha. El gobierno entregó tierras a ex soldados y ex guerrilleros.

El trabajo de mediación se desarrolló en su mayor parte cuando era Secretario General de la ONU el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien nombró como su principal intermediario al también peruano Álvaro de Soto.

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