- Los acusados deberán enfrentar el juicio oral y público el 1 de marzo del próximo año
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Corresponsal/Río San Juan
Los 18 nicaragüenses residentes en Costa Rica que están siendo procesados por supuestos delitos ambientales, luego que intentaron invadir la Reserva Biológica Indio Maíz, fueron enviados a juicio oral y público por el Juez Suplente de Distrito Penal de Juicios, Carlos Adán Molina, para que respondan por las acusaciones que les imputa el Ministerio Público.
Los acusados deberán enfrentar el juicio oral y público el 1 de marzo del próximo año, fecha hasta la cual 16 de ellos estarán en prisión preventiva porque según el judicial, ninguno de ellos reúne los requisitos para gozar de arresto domiciliario tal como lo solicitó la defensa.
Todos los acusados son residentes en Costa Rica, donde viven también sus familiares, lo que a juicio del juez, le justifica pensar que los acusados podrían abandonar el país y evadir la justicia, por ello, con el fin de garantizar la presencia de los acusados en el proceso, rechazó la solicitud de la defensa.
Los abogados Ricardo Gutiérrez y Narciso Palma pidieron para sus defendidos el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario con coacción económica más presentación periódica.
Dos de los detenidos, Pedro Joaquín Herradora y Reinaldo Manzanares, tienen familiares en San Carlos, por lo que solamente ellos podrán enfrentar el juicio en libertad.
Los acusados, según la Fiscalía, fueron capturados el pasado 18 de diciembre cuando intentaban establecerse en terrenos de la Reserva Biológica Indio Maíz, un área protegida por la ley y en la que no se permiten asentamientos humanos.
Además, ya habían talado bosque y afectado el ecosistema de la zona, por lo que la acusación es por delitos contra el medio ambiente.
Según el fiscal ambiental Sergio Pérez, los 18 detenidos son sólo la avanzada de aproximadamente cinco mil personas más que les seguirían a los primeros para invadir más de 3 mil kilómetros cuadrados de zona protegida de bosques vírgenes.
Asimismo, el defensor Gutiérrez alegó que la Fiscalía no había presentado suficientes elementos de pruebas para demostrar que los hechos en los que se encontraban involucrados sus clientes constituían un delito, por ello pidió que se archivaran las diligencias.
El judicial resolvió que según la nueva Ley Especial contra Delitos contra el Medio Ambiente, los hechos que se conocen en esa causa constituyen delito grave y por ello debían ir a juicio.
Por su parte el delegado departamental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y secretario ejecutivo de la Reserva de Biosfera, José Luis Galeano, quien se encontraba en la audiencia, dijo estar satisfecho por la resolución del juez, pues esto constituye un precedente en la historia de la protección de los recursos naturales del país.
«Creemos que se hizo lo correcto, esta vez la justicia y las leyes prevalecieron, se está sentando un precedente en la historia de la protección del medio ambiente en Nicaragua, porque por primera vez se lleva a juicio a los depredadores, ojalá así se haga con los de corbata, con los autores intelectuales de los delitos ambientales», dijo el funcionario.
