- De aprobarse ley del INSS el país sería totalmente insostenible
Si la Ley de Seguridad Social (Ley 539) aprobada por la Asamblea Nacional en mayo del 2005, se aplica a partir del 20 de enero del próximo año, pondría en una situación de insostenibilidad al país y llevaría a la quiebra al sistema de seguridad social nacional, indicó el presidente del Banco Central, Mario Arana.
Si bien el Tribunal de Apelaciones de Managua aceptó un recurso de amparo interpuesto por el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, en contra de la ley y ordenó suspender la aplicación de la Ley, esto no la elimina.
El representante del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, Humberto Arbulú, asegura que la solución a este problema es simple, “recomendaríamos al nuevo gobierno congelar la entrada en vigencia de la nueva ley hasta que se pueda hacer un estudio más detallado de una ley alternativa”.
Según afirma, el costo fiscal de implementar esta ley “es demasiado alto”.
Agrega que además no hay dinero para financiarla, y que en todo caso “se tendría que dejar de financiar el gasto social”.
DÉFICIT ACELERADO
Por su parte el presidente del BCN, insiste en que si se pone en vigencia la Ley 539, el déficit del seguro social se haría insostenible y se aceleraría el déficit programado para el 2012, para el momento en que entre en vigencia la ley.
Esto pondrían en grave riesgo la estabilidad macroeconómica del país, asegura, puesto que se estaría gastando más de lo que se percibe.
A tal ritmo según el representante el FMI, en un año este déficit alcanzaría el programado para el 2020.
La ley establece ampliar el nivel de cobertura de los beneficios de la seguridad social y un incremento gradual del pago a los pensionados de acuerdo con el deslizamiento de la moneda.
La suspensión de esta ley mantiene la aplicación del actual marco legal de la seguridad social, hasta que los tribunales correspondientes decidan el futuro de esta ley.
De acuerdo con la ley marco su aplicación quedaba suspendida para ser aplicada a partir del 20 de enero de 2007, como parte de la entrada en vigencia de las reformas constitucionales. La misma ha tenido la oposición del Gobierno y de los organismos financieros.
