- CIDH declara responsabilidad de Fujimori en violaciones a derechos humanos
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El ex presidente Alejandro Toledo, sometido desde el jueves en Lima a juicio por la falsificación de unos documentos que permitieron la inscripción electoral a su partido en 1998, anunció ayer que vivirá temporalmente en Estados Unidos mientras sus partidarios denuncian persecución política.
El anuncio del ex mandatario (2001-2006) de residir temporalmente en San Francisco donde “retomé mis actividades académicas en la Universidad de Stanford”, provocó un llamado de atención de la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, quien lo instó a retornar a Perú para colaborar con la justicia.
“El ex presidente tiene la obligación de ponerse a disposición de la justicia” para esclarecer la denuncia, dijo a periodistas la fiscal peruana.
Como era previsible el partido Perú Posible cerró filas en torno a su principal dirigente y acusó al partido oficialista —el APRA—, de estar detrás del proceso al desempolvar un caso en el cual Toledo figura sólo como testigo.
El presidente Alan García negó que Toledo sea un perseguido político .
El Congreso oficialista sí lo tiene en la mira: este mes una comisión inició una investigación por presuntos casos de corrupción cometidos bajo su gestión. Y en agosto, el gobierno nombró un procurador especial para investigarlo.
PIDEN EMBARGO
La magistrada Carolina Lizarraga también solicitó el embargo de los bienes del ex jefe de Estado, hasta por un monto de 150,000 soles peruanos (45,180 dólares), así como el pago de 50,000 soles (15,060 dólares) como caución o garantía judicial, para que afronte este proceso en libertad y no en prisión.
SENTENCIA DE LA CIDH
El Estado peruano fue responsable, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), de los asesinatos de La Cantuta y la matanza en un penal limeño, por lo que deberá procesar a los implicados e indemnizar a los familiares de las víctimas, determinó el jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo de justicia supranacional señaló, en sendas resoluciones, que el caso de la universidad nacional de La Cantuta, donde murieron nueve alumnos y un profesor, fue cometido por el grupo militar encubierto Colina.
Indicó que lo ocurrido fue un crimen contra la humanidad que no puede quedar impune, es imprescriptible, no puede ser comprendido dentro de ningún tipo de amnistía y, además, será necesaria una reparación por parte del Estado peruano de alrededor de 1.8 millones de dólares.
La decisión de la Corte también “anula las sentencias del foro militar” y permite “reiniciar procesos contra los responsables de la matanza”, entre los que se menciona al ex asesor Vladimiro Montesinos, al antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza y al ex jefe de las fuerzas operativas del Ejército Luis Pérez Documet.
