- Juez de Audiencias de San Carlos admitió acusación por delitos ambientales
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Ver Infografia > Corresponsal/Río San Juan
Las dieciocho personas que fueron detenidas por tropas del Ejército de Nicaragua cuando intentaban establecerse en territorio de la Reserva Biológica Indio Maíz y encabezar una invasión de más de cinco mil personas a esa zona protegida, fueron enviados a prisión preventiva por la Juez de Distrito de Audiencias de Río San Juan, Sandra D’Leo.
Los implicados deberán enfrentar un proceso penal por delitos ambientales en perjuicio del Estado de Nicaragua
Los detenidos fueron presentados la mañana de ayer a audiencia inicial ante la juez D’Leo a quien la Fiscalía, representada en esta causa por el fiscal auxiliar ambiental, Sergio Pérez Martínez, le presentó acusación formal por los delitos de tala rasa, violación a veda forestal, tala en vertientes, daños en áreas protegidas y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.
La Fiscalía también solicitó a la judicial que admitiera la acusación, les dictara prisión preventiva y abriera juicio contra los acusados.
LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
Según el fiscal Pérez, el Ministerio Público basó su acusación en los artículos 30, 31 y 43 de la Ley número 559, Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales; los artículos 72, 141, 146, y 147 de la Ley número 217, Ley General del Medio Ambiente, además de la Ley de Veda Forestal para el Corte Aprovechamiento y Comercialización de Recursos Naturales y el decreto número 66-99 de Protección de Áreas Protegidas.
La Fiscalía indica en su acusación que el delito se consumó cuando los acusados procedieron a invadir territorio protegido por la Ley y se dedicaron a realizar corte de madera, afectando todo un ecosistema y las vertientes del río San Juan, lo que constituye un delito grave pues Indio Maíz es un patrimonio de la humanidad reconocida por la Unesco.
En la acusación presentada por el Ministerio Público, se hace notar que aunque los acusados son de nacionalidad nicaragüense, todos son residentes en Costa Rica en localidades de la provincia de San Carlos, donde se dedican a trabajos de agricultura.
Desde ahí viajaron para invadir la reserva y asentarse, para luego llamar a sus familiares y a un grupo de aproximadamente cinco mil personas que también ocuparían tierras en las zonas protegidas de la Reserva.
De los 18 detenidos, cinco portaban carné de identidad de una organización denominada Fundación Nicaragüense para la Defensa del Medio Ambiente, una entidad que es desconocida en Río San Juan (Fundenatura), además de teléfonos celulares de Costa Rica.
