Unidad guerrillera de la URNG concentrada en Escuintla, durante las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno en octubre de 1996. (LA PRENSA/Archivo)

Guatemala: diez años de los Acuerdos de Paz

Gobierno ofrece un balance [doap_box title=»Inseguridad e injusticia» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La violencia que se ha cobrado más de 4,600 víctimas durante 2006 y la impunidad que impera en Guatemala, han limitado el avance de los derechos humanos. El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Frank La Rue, asegura que en Guatemala persisten las violaciones a los […]

  • Gobierno ofrece un balance
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La violencia que se ha cobrado más de 4,600 víctimas durante 2006 y la impunidad que impera en Guatemala, han limitado el avance de los derechos humanos. El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Frank La Rue, asegura que en Guatemala persisten las violaciones a los derechos económicos y sociales.

La Rue sostuvo en una entrevista reciente con el diario Prensa Libre que mientras no se logre el fortalecimiento del sistema de justicia “difícilmente” se van a resolver los problemas de inseguridad e impunidad.

“Tenemos un Estado que con los recursos que tiene no logra resolver los problemas de la pobreza, salud, alimentación, educación, inseguridad y justicia”, apuntó el funcionario.

La Rue afirma que en Guatemala “se ha dejado actuar con impunidad al crimen organizado”, que está utilizando a las pandillas juveniles para provocar más violencia.

Según estadÍsticas oficiales, durante 2006 han sido asesinadas unas 4,680 personas, entre ellas 560 mujeres y 395 menores de edad.

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GUATEMALA/AFP

Pese a que en Guatemala hay mayor participación ciudadana y de la mujer, se han reestructurado las Fuerzas Armadas y se han implementado políticas públicas en materia de derechos humanos, muchas son las cosas que quedan por hacer diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil.

En un informe presentado este jueves, el gobierno guatemalteco recoge las luces de este período, en particular la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que contempla la participación de pueblos indígenas y de la mujer específicamente en los denominados Consejos de Desarrollo Departamental, pero también las sombras.

Si bien es cierto que se ha reforzado la presencia de la mujer en la sociedad guatemalteca, el informe reconoce que falta legislar para eliminar los resabios en materia de discriminación y racismo, así como retomar el marco internacional para dar cumplimiento a los convenios y compromisos internacionales.

También acepta que no se han creado los mecanismos legales para regular el trabajo doméstico, el acoso sexual, así como ampliar los espacios políticos y económicos para la mujer, ni se ha fortalecido la Comisión Nacional Permanente de la mujer indígena.

En lo que respecta a seguridad y defensa, el gobierno destaca avances en cuanto a la reducción de efectivos de las Fuerzas Armadas, la creación de una nueva doctrina militar, así como la instauración de un Consejo Asesor de Seguridad, integrado por civiles.

Pero reconoce la ausencia de una ley que regule a las empresas privadas de seguridad, una Ley de Orden Público, aparte de una política de seguridad pública, así como el traslado del control de la tenencia y porte de armas, del ejército a la cartera del Interior.

En materia de derechos humanos, el Gobierno destaca que hay que fortalecer la coordinación formal entre instituciones de seguridad pública y la justicia. No obstante, en este capítulo los avances son importantes, pues se ha instalado en el país la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y se ha ratificado el Protocolo contra la Tortura.

Esta semana el país se comprometió con Naciones Unidas a crear una Comisión de Investigación contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

También destaca la nominación que permitió a Guatemala formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la formulación de la Política Nacional de Reconocimiento del Pasado y Resarcimiento y Reparación a las víctimas del conflicto armado interno.

Los Acuerdos de Paz fueron firmados el 29 de diciembre de 1996, tras varios meses de negociación, entre el Gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que pusieron fin a 36 años (1960-1996) de guerra fratricida que dejaron unas 200,000 víctimas.

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