La Unidad contra el Crimen Organizado, una de las seis que conforman la Fiscalía, durante una sesión de trabajo realizada en la sede central del Ministerio Público (LA PRENSA/ R. ORTEGA)

Eficiencia y déficit, la paradoja de la Fiscalía

El Ministerio Público se proyecta por ser una de las instituciones con más efectividad y experimentar un crecimiento acelerado en cinco años. Sin embargo una lista de cosas pendientes le esperan al próximo Fiscal General. La más urgente es cubrir el déficit de fiscales que tiene sobrecargados laboralmente a los 285 que no logran cubrir […]

  • El Ministerio Público se proyecta por ser una de las instituciones con más efectividad y experimentar un crecimiento acelerado en cinco años. Sin embargo una lista de cosas pendientes le esperan al próximo Fiscal General. La más urgente es cubrir el déficit de fiscales que tiene sobrecargados laboralmente a los 285 que no logran cubrir todo el territorio nacional
[doap_box title=»Los requisitos para ser Fiscal General de la República» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»]

La Ley Orgánica del Ministerio Público determina que el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto deben tener las siguientes calidades:

1. Ser nacional de Nicaragua, los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de la elección.2. Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años o haber sido magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años.3. Estar en pleno goce de sus derechos políticos o civiles.4. Haber cumplido 35 años de edad y no ser mayor de 75 años el día de la elección.5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme.6.No ser militar en servicio activo, o siéndolo haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección.7.Haber residido en forma continuada en el país, los cuatro años anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.

Ambos funcionarios son electos por la Asamblea Nacional de ternas separadas propuestas por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional por un período de cinco años, contados desde la toma de posesión.

La elección requiere al menos el voto favorable del sesenta por ciento del total de diputados.

Son causales de destitución la falta de investigación o de “ejercicio de la acción penal cuando ésta fuere procedente”, el trafico de influencias, cualquier acto de corrupción, el abandono injustificado de sus funciones, entre otros.

Ayuda internacional

La cooperación internacional ha sido decisiva en el crecimiento del Ministerio Público. Estados Unidos, Japón, Suecia y España tienen el peso más grande en cuanto a ayuda a este Ministerio.

1998: Año en que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) inició el apoyo económico, destinado en gran parte a la capacitación.

2003: Empezó la cooperación canadiense y del Japón, materializándose la creación de un Centro de Documentación especializado y la construcción de la sede central, entre otros.

2007 : Continuará la ejecución de 1.2 millones de euros que fueron otorgados por Suecia para el proyecto de atención a víctimas penales.

2010: Finalizará la segunda parte de uno de los proyectos financiados por Japón.

Además de “heredar” una Fiscalía con valor agregado por la cantidad de expedientes o investigaciones contra más de veinte funcionarios públicos, el próximo Fiscal General de la República encontrará a un Ministerio Público con significativos avances en su desarrollo institucional experimentados con un ritmo acelerado.

Aparte de encontrar una institución que se ha ido consolidando con buen suceso, quien asuma este ministerio deberá retomar la tarea de superar las serias deficiencias económicas que se traducen principalmente en la carencia de recursos humanos.

La Fiscalía ha obtenido altas calificaciones en relación al resto de instituciones que forman parte del sistema judicial en Nicaragua. Un diagnóstico financiado por la Unión Europea, denominado La Justicia en Nicaragua, le dio un buen puntaje, y también menciona debilidades que deben ser revisadas.

Mientras se posiciona como la institución de mayor efectividad, también se destaca la falta de atención en todos los municipios del país y el centralismo que impera.

El informe jerarquiza el índice de efectividad con la Fiscalía a la cabeza con el 82 por ciento, seguida de la Policía Nacional (49 por ciento), el Poder Judicial (48) y la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) con el 42 por ciento.

FALTA DE ATENCIÓN

[/doap_box]

  • Ver Infografia >

    Una de las deficiencias más visibles de la Fiscalía se concentra en la falta de cobertura a nivel nacional.

    De 153 municipios que conforman Nicaragua, el Ministerio sólo tiene 66 sedes permanentes, lo que significa que hay 87 municipios que no cuentan con una sede fiscal, es decir sólo tiene el 42 por ciento de cobertura.

    EL FISCAL ITINERANTE

    La figura del fiscal itinerante es una de las salidas que han aplicado como respuesta a este problema. Se trata de fiscales que se desplazan hacia otros municipios con una agenda definida, semanal, quincenal o mensual.

    Managua, por su alta densidad poblacional, tiene el mayor número de fiscales (63).

    A pesar de este considerable déficit, la Fiscalía ha crecido mucho pues de 96 fiscales que había en el 2002, en este año hay 285, en su mayoría mujeres.

    Este dato repercute considerablemente si se toma en cuenta que por cada fiscal existen 21,717 habitantes, lo que se constituye en un inconveniente para prestar los servicios.

    Un promedio de seis audiencia por día se realizan en cada juzgado de Managua, según estimaciones de los jueces, en las que cada fiscal ejerce la función de acusar, como lo manda su misma Ley Orgánica del Ministerio Público.

    La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) es donde es más crítica la situación. De cada 63,679 habitantes sólo hay un fiscal disponible y le sigue Jinotega con 37,158 personas por fiscal.

    Además de no tener capacidad de cubrir todo el territorio nacional, la Fiscalía tampoco puede cubrir con despachos permanentes la totalidad de juzgados penales.

    Pese a estas carencias, no existe mora en los casos donde hay detenidos.

    PRESUPUESTO

    El tema presupuestario adquiere una posición de importancia debido a que esta institución tiene un peso muy grande en la sociedad por los servicios que brinda y por tener el papel de investigador – acusador.

    Los analistas establecen que este aspecto es jurídicamente relevante porque existe un desequilibrio muy marcado entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Policía Nacional y el Ministerio Público.

    Para el 2006, la Fiscalía recibió 129.3 millones de córdobas, un presupuesto extremadamente desequilibrado en comparación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que recibió 863.5 millones.

    La tendencia continuará en el 2007. De 300 millones que solicitó de presupuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyecta aprobar sólo 149.3 millones, o sea ni el 50 por ciento de lo solicitado.

    En tanto, a la CSJ le serán destinados 987.9 millones.

    Para el 2007, la Fiscalía proyecta dar cobertura a los 153 municipios con 500 fiscales, un objetivo ambicioso partiendo de que no se ha aprobado el presupuesto solicitado.

    La ayuda internacional, sin embargo, ha jugado un papel trascendental en el desarrollo de esta institución.

    Países como Canadá, Japón, España y Estados Unidos han llenado en cierto modo el vacío presupuestario.

    La creación de unidades especializadas es otro de los avances sustantivos de la Fiscalía.

    Existen seis unidades dedicadas específicamente a los temas de violencia de género, niñez y adolescencia, mujer, propiedad intelectual, crimen organizado, medio ambiente y anticorrupción.

    LAS QUEJAS

    Un informe anual del 2005 del ministerio detalla que en ese año se presentaron 66 quejas contra fiscales e indica que con este número se incrementaron en un 101 por ciento con relación al año anterior, cuando hubo 31 denuncias.

    Del total de quejas, el 52 por ciento le corresponde a Managua, seguido por León, la RAAS y Jinotega.

    Pero este informe no explica si los casos fueron investigados ni cómo concluyeron, o si hubo sanciones para los funcionarios objeto de señalamientos.

    CENTRALISMO

    Una de las debilidades detectadas en esta institución, reflejada en el Diagnóstico, es el centralismo en la figura del Fiscal General.

    Este estudio manifiesta que el trabajo de la Inspectoría del Ministerio Público se ha visto afectado por la decisión de establecer que su función de investigar a los fiscales sólo puede iniciarse a pedido de parte y no de oficio, con lo cual las funciones de inspección permanente se han reducido.

    PRESENCIA EN SEDES POLICIALES

    Pese a que la Fiscalía está presente en todas las sedes policiales, los datos reflejan que la mayoría de denuncias son recibidas por la Policía Nacional.

    “En efecto, la mayor proporción de denuncias que se presentan es ante la Policía Nacional (43,115 casos) frente a 3,824 denuncias recibidas por el Ministerio Público en el 2005”, cita el estudio.

    Esto se traduce en que un 95 por ciento de las denuncias van a la Policía y sólo el nueve por ciento a la Fiscalía.

    LEY DE CARRERA FISCAL

    La Ley de Carrera Fiscal, aprobada en este año, fue un salto dado por la Fiscalía, que se consolidó como una institución jerárquicamente independiente.

    La ley establece un sistema de selección para el ingreso y promoción de la carrera, con base en los méritos comprobados.

    En la nueva regulación se creó un Comité de la Carrera, integrado por funcionarios representativos de las áreas sustantivas y administrativa y que, bajo la dirección del Fiscal Adjunto, tiene la función de asesorar y asistir al Fiscal General en la definición de una política relacionada al ingreso, selección, ascenso y permanencia en la Carrera Fiscal y Servidores del Ministerio Público.

    EL PELIGRO

    La Costa Atlántica nicaragüense, por ser una zona de trasiego de drogas, se caracteriza por ser una de las regiones de mayor peligro para los fiscales.

    Como efecto del narcotráfico, estos funcionarios son sujetos de amenazas de muerte.

    La Fiscalía registra problemas de este tipo en Puerto Cabezas, por ejemplo, donde no pueden salir libremente a la calle debido a las amenazas de muerte.

    En algunos casos, debido a las constantes presiones, también han habido casos de funcionarios que han abandonado el cargo por temor.

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí