- Más de veinte expedientes abiertos contra funcionarios públicos del pasado gobierno, del actual y del próximo gobierno son parte de la herencia al próximo Fiscal General de la República, un personaje que tendrá mucho peso político, a juzgar por los casos que están por adquirir forma de acusación
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Notas Relacionadas > Ver Infografia > El próximo 11 de diciembre el Ministerio Público quedará acéfalo. Una legislatura a cuatro bandas tiene la responsabilidad de elegir al próximo Fiscal General de la República y al Fiscal General Adjunto, dos figuras que tendrán en sus manos la administración de una institución cuyo papel se puede tornar peligroso para la vida de los políticos durante el Gobierno de Daniel Ortega Saavedra (2007-2012).
Las nuevas autoridades “heredarán” una institución clave vista desde una perspectiva política.
LA PRENSA revisó minuciosamente los archivos y los hallazgos son de gran relevancia: la Fiscalía tiene en sus manos al menos veintiún expedientes donde los investigados son funcionarios públicos de la administración del presidente Enrique Bolaños, el ex mandatario Arnoldo Alemán y el presidente electo, Daniel Ortega.
Los hechos indican que estos casos se han estado “cocinando” a un ritmo de “tortuga”. En algunos, la fase investigativa ya casi está concluida y otros están a punto de tomar forma de acusación, listos para pasar a los tribunales.
Las caras más visibles de estas investigaciones son: Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, Daniel Ortega, Eduardo Montealegre, Pedro Solórzano, Yamil Quant, Roberto Zelaya Blanco, Norman Caldera y Edda Callejas.
La “huaca 2” es uno de los casos principales. Desde el 2002, la Policía Nacional empezó las investigaciones contra el ex presidente Arnoldo Alemán y sus allegados por un fraude al Estado que ronda los dos mil millones de córdobas.
En ese mismo año, saltaron a luz pública una serie de anomalías del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que desembocaron en una denuncia contra más de treinta funcionarios por delito electoral, entre ellos el presidente Enrique Bolaños Geyer y su entonces compañero de fórmula, José Rizo Castellón, ex candidato a la presidencia en los pasados comicios.
El 2006 estuvo agitado con denuncias contra funcionarios del actual gobierno. Los registros indican que del total de casos, al menos nueve corresponden al 2006.
En su mayoría, los señalados actualmente gozan de inmunidad por su condición de ministros o diputados, respectivamente.
EL FSLN CON EL SARTÉN POR EL MANGO
Los tribunales nacionales están dominados por sandinistas y liberales, sin embargo el Frente Sandinista tiene una ventaja considerable sobre los liberales.
Según declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, el Poder Judicial está distribuido en un 80 por ciento de jueces sandinistas y el restante 20 por ciento de liberales.
No obstante, en los Tribunales de Apelaciones de Nicaragua el poder está repartido de forma pareja entre ambos partidos.
Recientemente el magistrado Martínez dijo a LA PRENSA que han logrado ubicar un 50 por ciento de liberales en Apelaciones.
En la CSJ la situación es similar. De 16 magistrados que conforman la Corte Plena, ocho son sandinistas y ocho liberales.
Un simple vistazo a esta situación, hace concluir que si el próximo Fiscal General decidiera emprender las acciones penales y llevar a los tribunales a los funcionarios señalados, las probabilidades de que estos juicios queden en manos sandinistas son muy altas.
NUEVA ASAMBLEA DECIDIRÁ
Según los resultados de las elecciones del 5 noviembre, la Asamblea Nacional estará compuesta por 38 diputados para el FSLN, 25 para el PLC, ALN tendrá 22 y el MRS cuatro, sin embargo el diputado electo por ese partido, Mario Valle, después de las elecciones pasó a las filas del FSLN, por tanto su representación se redujo a tres. Esta nueva Asamblea se instalará el 9 de enero.
Pese a que el período del Fiscal General, Julio Centeno Gómez (liberal) y la Fiscal Adjunto, María Lourdes Bolaños, (sandinista) vence el 11 de diciembre, la actual junta directiva del Parlamento decidió postergar la decisión para enero próximo, por lo que la decisión estará en manos de una Asamblea Nacional más representativa.
“El pueblo acaba de manifestarse, entonces por respeto a ese pueblo es que mejor decidimos dejarlo a la nueva Asamblea”, manifestó el diputado sandinista Edwin Castro.
Castro descartó que el Ministerio Público vaya a “paralizar” sus actividades con una Fiscalía acéfala, puesto que la parte administrativa se irá de vacaciones de fin de año el 15 de diciembre.
En el área judicial, según Castro, no tiene por qué haber ningún problema porque quienes se encargan de acusar o llevar los casos a los tribunales son los fiscales departamentales y específicos.
