El diputado sandinista Agustín Jarquín dijo ayer que las mociones que las bancadas presentarán para la Ley de Acceso a la Información Pública, se conocerán hasta el momento en que se discuta dicha iniciativa.
Los legisladores han anunciado que antes del 15 de diciembre, cuando concluye labores la actual legislatura, discutirán el proyecto, introducido a la Asamblea Nacional desde el siete de noviembre del 2003.
En las últimas semanas, diputados sandinistas y liberales anunciaron que introducirán mociones a la Ley de Acceso a la Información Pública, pero no entraron en detalles.
LO QUE SE CONOCE
Una de las ideas conocidas hasta ahora es que las empresas privadas que reciban exoneraciones deberán abrir sus puertas para conocer cómo se utilizan esos recursos.
Liberales y sandinistas, sin embargo, discrepan en torno a si será o no obligatorio que un periodista publique un artículo cada vez que solicite información, como lo ha expresado Bayardo Arce.
El diputado sandinista Edwin Castro sostuvo el fin de semana que la Ley de Acceso a la Información es una de las cuatro leyes más prioritarias para el parlamento, en sus últimas seis sesiones.
El grupo promotor de la Ley de Acceso, expresó su preocupación la semana pasada debido a que no se conoce cuál es el propósito de las mociones que anunciaron los legisladores.
Sin embargo, Castro manifestó que parte de los cambios al dictamen de la iniciativa son discutidos con el Instituto Para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).
PARTE DE LA LEY
El artículo primero del proyecto plantea: “La presente ley tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen recursos públicos o sean concesionarias de servicio público”.
La iniciativa también define como información pública, toda aquella que esté “en poder de las entidades públicas” y “la relacionada con prestación de servicios públicos de las entidades privadas a que se refiere esta ley en su artículo uno. Independientemente del formato de almacenamiento o soporte en la que esté contenido”.
Asimismo, se plantea la posibilidad de que permanezcan sin publicarse todos aquellos datos que se definen como información pública reservada y la información “confidencial”.
Otro aspecto de la ley es que crea la Oficina de Acceso a la Información, que será la encargada de dar respuesta a los ciudadanos.
