“La primera ley de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente para satisfacer los deseos de todos. La primera ley de la política, es ignorar la primera ley de la economía.» Esa tajante afirmación de Thomas Sowell, un eminente economista norteamericano, refleja con mucha exactitud lo que sucede entre los políticos cuando están en campaña.
Desgraciadamente, luego de la campaña la vida continúa y el nuevo gobierno debe de hacer frente una vez más a la primera ley de la economía.
La pasada campaña presidencial estuvo, como todas, cargada de promesas y venta de ilusiones por parte todos los candidatos y compra de esperanzas, anhelos y aspiraciones por parte de los electores. La campaña ya ha terminado, y ahora el presidente electo de Nicaragua, Daniel Ortega, se enfrenta al enorme reto de cumplir con sus promesas de campaña y jugar con las leyes de la economía para poder hacerlo de la manera más eficiente, procurando que sus políticas resuelvan más problemas de los que puedan causar. Es un reto grande, pues debe conciliar sus objetivos políticos con las leyes de la economía, procurar que no estén en contra, y alcanzar así a cumplir lo que prometió.
Este reto no es del todo desconocido para el presidente electo. Él mismo lo reconoció en la presentación de su programa de gobierno durante el congreso sandinista en mayo de 2006. En esa ocasión el comandante se preguntaba: «Cómo lograr que el control de la inflación, del gasto público -que lo compartimos totalmente- no le nieguen los recursos a la salud, a la educación. Se trata de actuar con responsabilidad, indiscutiblemente, y hay condiciones ahora, para ejercer esos controles, pero, ¡no a costa del hambre y el desempleo!» En este mismo discurso el comandante afirmaba:
«…ya vamos a ver, como se liberan muchos recursos, para atender aquellos sectores que han estado siendo sacrificados por estas políticas macroeconómicas».
El dilema está en que, si el presidente desea mantener una tasa de crecimiento sostenido tiene que fomentar políticas que impulsen la producción. Dado que el gobierno de Nicaragua no posee una PEMEX como en México, Una PDVSA como en Venezuela o una CODELCO como en Chile, toda la actividad productiva recae sobre el sector privado. La mayoría de las empresas que aun son propiedad del estado son empresas de servicios cuya producción no es tangible y que representa una baja proporción en la determinación del PIB. Y dado el hecho de que el presidente electo anunció durante su campaña y en su plan de gobierno que respetaría la propiedad privada y no habría nacionalizaciones como en Bolivia, estas políticas tienen que traducirse en incentivos para el sector privado.
Los incentivos a los que nuestra clase empresarial está acostumbrada son cosas como exoneraciones de impuestos, protección legal y seguros a sus inversiones, garantías de compensación en caso de ocurrir una u otra circunstancia y todo tipo de cosas que significan una reducción de los ingresos del estado. Cuando el estado reduce sus ingresos solo tiene dos opciones, o gasta menos o se endeuda más para mantener el mismo nivel de gasto. Endeudarse es algo que un gobierno sandinista estaría renuente a hacer, por tanto tendrá que ofrecer al sector privado incentivos económicos.
Desafortunadamente si el estado deja de percibir dinero en concepto de recaudaciones, tendrá menos dinero para redistribuir a los sectores menos beneficiados. Se reduce el gasto social y definitivamente empeoran las cosas para la gran mayoría de la población que vive en condición de pobreza. Al mismo tiempo la tasa de desigualdad aumenta pues los que tienen mucho ahora tienen mucho mas gracias a los incentivos proporcionados por el gobierno y los que tienen poco, ahora tienen mucho menos gracias a que han dejado de percibir recursos del gobierno, quien a su vez ha dejado de percibir recursos de los que tienen mucho.
Si por el contrario, el gobierno decidiera reducir o eliminar los incentivos económicos al sector privado, la clase empresarial se quejaría de ver disminuidas sus posibilidades de invertir dada la falta de incentivos. Al haber menos inversiones del sector privado en la economía se crean menos empleos y esto ocasiona a su vez que más empresas cierren al no encontrar una demanda a sus productos.
Cuando se reduce la inversión también se reduce la producción de bienes y servicios. Esto conlleva a un menor crecimiento de la economía en su conjunto, a una recesión económica y en el peor de los casos a una depresión. La producción se reduce cuando se cortan los incentivos porque el gobierno no tiene empresas productivas como en Venezuela donde la producción de PDVSA y los altos precios del petróleo permiten al presidente Hugo Chávez mantener un gasto sostenido a pesar de las contracciones del sector privado.
Una pista de que el gobierno quisiera tener una política de gasto masivo la encontramos en el plan de gobierno que textualmente dice: «El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, va a generar fomento gubernamental de la economía. Y eso significa más empleo; con una política masiva de créditos que permita generar ese empleo rápidamente, y aumentar la producción, asegurando tecnología y comercialización».
Luego el documento afirma: «Los Programas de Economía Popular, incluyendo crédito para el sector informal urbano y, Bonos Productivos Alimentarios para el campesinado… van a generar actividad económica y empleo para las familias nicaragüenses». Y talvez sea aun más específico cuando dice: «El fomento irá también a la economía popular, a través del apoyo a redes y cadenas de producción, de la pequeña y mediana empresa, promovidos por una Unión Nicaragüense de Empresas Populares». Todas estas medidas implican un aumento del gasto que debe financiarse de alguna manera.
Como puede observar el lector, el nuevo presidente electo se encuentra en un dilema. ¿Cómo hacer para reducir la desigualdad social, reducir la pobreza y el desempleo que son fines últimos del plan de gobierno sandinista y al mismo tiempo mantener una economía fuerte y en constante crecimiento cuyo dinamismo depende casi totalmente del sector privado?
Probablemente el Presidente intentará mantener un balance entre ambos extremos. Esto conllevará que las clases populares tengan un gobierno no tan bueno como creían que sería y los empresarios tengan un gobierno no tan malo como creían que sería. Esto desde mi humilde punto de vista sería lo más sabio de hacer.
Y ese justamente, es el enorme reto al que se enfrentará el presidente electo. Tendrá que conciliar los intereses de beneficio y enriquecimiento del sector privado con los intereses de desarrollo y superación de las clases populares. Y con una asamblea donde ninguna bancada tendrá la mayoría absoluta, veremos en los próximos años mucha política caminando de la mano con la dirección de la economía.
Probablemente haya sido Alejandro Foxley, ex ministro de finanzas de Chile, quien mejor dilucidó esta situación cuando una vez afirmo: «Para hacer un buen trabajo manejando la economía, tienes que ser un político. Si no tienes la capacidad para articular tu visión, para persuadir a los antagonistas, para consensuar a la gente en una medida impopular, vas a ser un total fracaso. Los economistas no solo deben conocer sus modelos económicos sino también entender de política, intereses, conflictos y pasiones.»
