- Habrían sido usadas en toma del Palacio de Justicia en 1985
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El senador colombiano Gustavo Petro, ex miembro de la guerrilla del M-19 de Colombia, aseguró ayer que las armas que usaron en la cruenta toma del Palacio de Justicia de ese país en 1985, fueron proporcionadas por el FSLN.
“Las armas nos las entregaron los sandinistas de Nicaragua y nosotros no necesitábamos que alguien nos diera el dinero para comprarlas”, aseguró Petro al descartar que el capo Pablo Escobar Gaviria hubiera financiado la acción a como lo establece una investigación oficial.
El ex ministro del Interior, el diputado Tomás Borge, no descartó que armas del FSLN fueran enviadas al M-19, sin embargo, no quiso revelar quién o qué oficina era el responsable de los envíos de las armas a los grupos guerrilleros.
“Eso no se puede decir. Todavía no es público. Pero no era el Ministerio del Interior el encargado de esas entregas, aunque en el caso de los salvadoreños yo estaba enterado y estaba de acuerdo”, dijo.
El Ejército de Nicaragua, que para 1985 formaba parte de las políticas del gobierno del FSLN, y que era otra posible fuente de entrega de armas a grupos guerrilleros en América Latina, evitó hacer comentarios sobre el tema.
“No disponemos de información oficial”, declaró el vocero del Ejército, coronel Adolfo Zepeda.
Comisión de la verdad
El pasado miércoles, una comisión integrada por tres magistrados dio a conocer el informe final sobre la muerte de un centenar de personas en la toma del Palacio de Justicia, entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los muertos habían 43 civiles, entre ellos 12 magistrados incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia; 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas, mientras dos insurgentes y 11 civiles fueron declarados desaparecidos, aunque existen testimonios que las autoridades militares los sacaron con vida del recinto judicial.
El operativo “Antonio Nariño, por los derechos del hombre”, a como el M-19 llamó a su acción comandada por 35 guerrilleros, se encontró como respuesta de las fuerzas armadas a la “Operación Rastrillo”, ambas acciones consideradas brutales, después que tanto el gobierno como la guerrilla desestimaron un frágil acuerdo de paz establecido un año antes.
Primeros presos
Aunque el informe de la comisión de magistrados responsabiliza a la guerrilla por lo sucedido durante las 28 horas que duró la toma del Palacio, el 6 y 7 de noviembre de 1985, también se ha señalado a policías y militares de la época, así como al ex presidente Belisario Betancourt.
El ex jefe de inteligencia del Ejército colombiano, coronel retirado Edilberto Sánchez, se entregó ayer a la Fiscalía, que lo responsabiliza de la desaparición de los civiles.
Las versiones
Petro desmintió versiones según las cuales Pablo Escobar, ex jefe del Cartel de Medellín, habría entregado dos millones de dólares para financiar el sangriento operativo, que pretendía “sepultar cualquier intento por extraditar narcotraficantes a Estados Unidos”.
Buena parte de la documentación para el envío de esas personas fue incinerada durante el tiempo que duró la toma.
Según un artículo de la Revista Semana escrito en su momento por el periodista Andrés Grillo, el jefe máximo del M-19, Iván Marino Ospina, le habría comunicado a Escobar Gaviria que tenía intenciones de tomarse el Palacio de Justicia para juzgar al presidente Betancourt.
Escobar le habría prestado una pista al M-19 para que trasladaran desde Nicaragua los fusiles y explosivos C-4 que usaron en la toma.
La versión de Grillo indicaría que no existe contradicción entre los resultados de la investigación oficial sobre el presunto financiamiento de Escobar y la entrega de armas desde Nicaragua.
Los “paras” también quieren hablar
Colombia estaba sorprendida ayer con las revelaciones de la investigación, en particular por el posible involucramiento del Cartel de Medellín con el M-19, pero al mismo tiempo un grupo de prisioneros, ex jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también anunciaron que hablarán sobre los nexos que habrían establecido con empresarios y políticos de ese país.
Un despacho de AFP indica que la declaración de esos líderes paramilitares ocurre en momentos en que se ha ordenado la captura de tres congresistas y de una ex legisladora, señalados de crear y financiar escuadrones de ultraderecha en el departamento de Sucre (costa norte) que mataron a miles de campesinos.
La misma información periodística destaca que un congresista oficialista, hermano de la actual canciller de Colombia, señaló que las revelaciones sobre los nexos de políticos con grupos paramilitares en Colombia buscan desatar una “cacería de brujas” para afectar al presidente Alvaro Uribe.
El ministro del interior, Carlos Holguín, indicó ayer que el senador Álvaro Araujo, uno de los más cercanos a Uribe, hizo la aseveración durante una reunión para analizar el alcance de una investigación que involucra a los tres congresistas y la ex legisladora en la formación de los grupos paramilitares de extrema derecha en la costa norte, indica AFP.
