Si no fuera porque estaba en los cables de todas las agencias de prensa, en los diarios regionales y hasta en alguno que otro editorial, uno habría pensado que la noticia es una broma o una nota insólita.
En su cumbre del miércoles en Guatemala, los presidentes centroamericanos se comprometieron a luchar contra la corrupción y a erradicar el fenómeno de aquí al 2010.
Desde luego, el objetivo es loable y combatir la corrupción es una obligación. La corrupción, inmoral en sí, es un obstáculo al desarrollo económico y social. Pero el plazo fijado es a todas luces irreal y no responde a alguna lógica explicable.
Si la corrupción existe en Centroamérica desde la época colonial —partimos de este período histórico porque es desde entonces cuando lo que hoy es América se incorpora a la Edad Moderna—, si ha abundado durante toda nuestra vida republicana, ¿cómo pueden pensar estos mandatarios que podrán “erradicarla” en apenas 4 años?
Algunos especialistas en la integración señalan con razón que en estas cumbres se toman numerosas decisiones que luego no tienen seguimiento. Y ésta última podría ser una más.
Además, varios de los firmantes ya no estarán en el poder cuando se cumpla el plazo. Enrique Bolaños se va en enero; el guatemalteco Oscar Berger entregará el poder en 2008; el salvadoreño Elías Antonio Saca concluye su mandato en 2009. Solamente el hondureño Manuel Zelaya y el costarricense Oscar Arias estarán aún por allí para el 2010.
¿Cuál es el estado de la lucha corrupción en Centroamérica? No muy saludable.
En Nicaragua, nada parece indicar que Arnoldo Alemán vaya a ser condenado firmemente. Alemán está en su casa con régimen de convivencia familiar, cumpliendo con 20 años de condena por un tribunal de primera instancia.
Su caso ha sido objeto de negociaciones políticas y por la renuencia a notificarlo por las autoridades correspondientes, un juez de Panamá tuvo que dejar sin efecto una orden internacional de captura.
Dado que el próximo gobierno del presidente electo Daniel Ortega —su coprotagonista del pacto— necesitará de muchas negociaciones para funcionar, no hay indicios de que Alemán vea una resolución más firme. Al contrario, corren rumores de que Ortega deberá pagarle al ex presidente liberal favores en moneda de absolución.
Los presidentes hablan de promover las “auditorías sociales”. Pero en Nicaragua es oscura la perspectiva de aprobar la Ley de Acceso a la Información.
En Costa Rica, nunca llegan finalmente los juicios por las irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social y en el ICE. Se le siguen dando largas al asunto. Dos ex presidentes y los principales protagonistas de los escándalos gozan de arresto domiciliario.
Honduras ha visto cerrados numerosos casos de investigaciones de la Fiscalía que involucran a prominentes políticos de los tradicionales partidos Liberal y Nacional.
Tampoco se ha esclarecido el famoso “gasolinazo”, el contrabando de combustible desde El Salvador y Guatemala descubierto el año pasado.
Hasta hoy, Guatemala sigue esperando la extradición del ex presidente Alfonso Portillo, supuesto malversador de fondos. El proceso es lento en México, país con altísimos índices de corrupción y donde Portillo tiene muchas amistades.
En El Salvador, poco se conoce de los estrechos vínculos empresa privada-gobierno de Arena. Pero se cree que coimas y pagos están a la orden del día. En un país azotado por una violencia extraordinaria, varios dirigentes areneros dirigen empresas de seguridad. El tema es aún un tabú en la prensa.
En toda la región, los narcos arrestados salen libres con facilidad gracias a jueces sobornados o amedrentados.
Este año el “inocentazo” vino desde las cumbres y en una fecha muy adelantada.
