- Emergencia carcelaria en El Salvador
SAN SALVADOR/AFP
La muerte de seis pandilleros asesinados por sus compañeros en cárceles de El Salvador en los últimos días ha agudizado la crisis que sufre el sistema penitenciario salvadoreño, víctima del hacinamiento y de grupos del crimen organizado.
La nueva crisis estalló el lunes cuando las autoridades localizaron en el presidio de Chalatenango, 72 km al norte de San Salvador, a dos reclusos asesinados por sus compañeros de la pandilla “Mara Salvatrucha”.
Internos de la misma pandilla también dieron muerte en la tarde del martes a cuatro de sus compañeros en el penal de Ciudad Barrios, 156 km al noreste de la capital.
Tras estos incidentes, las autoridades han decretado estado de emergencia en los dos reclusorios por un período de quince días, durante los cuales los presos no podrán recibir visitas, quedan suspendidos los horarios de estudio de los reos y no podrán salir de sus celdas, informó este miércoles el director de Centros Penales, Jaime Vilanova.
Según las autoridades, estos asesinatos se deben a “pugnas por el poder”, aunque no se descarta que hayan sido eliminados por ser informantes de las autoridades.
“Eso no debe ser motivo de análisis, tenemos la colaboración de muchos”, declaró Vilanova al ser interrogado si los presidiarios muertos pasaban información a las autoridades penitenciarias.
Para luchar contra el crimen organizado que opera desde las cárceles, las autoridades pueden imponer medidas excepcionales que incluyen la restricción de visitas o el traslado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, 60 km al este de San Salvador.
El director de asuntos penales de la Fundación de Estudios Salvadoreños para la Aplicación del Derecho, Nelson Flores, declaró a la AFP que la muerte violenta de los reos penados “es una muestra de la crisis permanente” de los 20 centros penales del país.
Según estadísticas de la Dirección de Centros Penales, al 31 de octubre había en El Salvador una población reclusa de 14,105, de los cuales ya recibieron su condena 9,653 y otros 4,452 aguardan juicio.
Las instalaciones presidiarias de este país centroamericano sólo tienen una capacidad instalada para 7,372 personas, por lo que las autoridades reconocen que el problema de hacinamiento es grave.
