- También a la Alcaldesa de Puerto Cabezas, Elizabeth Enríquez
El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de entrada a ese país, a la juez de Bluefields, Ivania McCrea Villachica y a la Alcaldesa de Bilwi en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Elizabeth Enríquez, con el argumento de presuntos vínculos con actividades de narcóticos.
El gobierno estadounidense también rechazó una solicitud de visa del juez Tomás Cortés, y prohibió la entrada a esa nación a la juez Miriam del Socorro Guzmán, por presuntos actos de corrupción, según confirmó la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Managua.
La alcaldesa Enríquez es del partido indígena Yatama, de la fracción que está aliada con el Frente Sandinista (FSLN).
McCrea dijo que no ha sido notificada por la Embajada de Estados Unidos, sobre la decisión de revocarle la visa.
“No sé nada de eso y me extraña el señalamiento”, expresó la judicial, quien está de subsidio postnatal.
LA PRENSA también intentó hablar con el resto de personas a las que les suspendieron la visa, pero ninguna fue localizada en sus teléfonos celulares ni en sus oficinas.
En el caso de Guzmán, sólo se escuchaba una grabación que decía: “El número que usted marcó no pudo ser contactado”.
En el teléfono de Cortés aparecía la voz de éste, diciendo: “En este momento no puedo atender su llamada. Si me dejás tu número, devolveré la llamada en cuanto me sea posible”.
En la Alcaldía de Puerto Cabezas nadie respondió el teléfono convencional, pese a que se insistió en varias ocasiones.
Sospechas de encubrir a narcos
El gobierno estadounidense aplicó a McCrea y Enríquez la sección 212 (a), inciso 2, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que alude presuntas actividades ilícitas.
La Sección 212 (a), (2) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, señala que no existe derecho a recibir visa, cuando hay razones para creer que el individuo ha ayudado o encubierto, a sabiendas, tráfico de narcóticos ilegales.
A Cortés y Guzmán les aplicó la Sección 212 (f), de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que alude a presuntas actividades ilícitas, que establece la prohibición del ingreso a Estados Unidos de funcionarios públicos que se tenga conocimiento que están involucrados en actos de corrupción.
Éste es el mismo inciso que se ha aplicado antes para el retiro de visas a diputados liberales y sandinistas, magistrados liberales, funcionarios de la Contraloría y de la Fiscalía, supuestamente vinculándolos a actos de corrupción pública.
McCrea liberó a narcos
McCrea, juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Bluefields, ordenó la libertad de, al menos, cuatro personas condenadas o procesadas por narcotráfico.
Entre las personas que liberó están el nicaragüense Róger Hilario Blandón, capturado en Little Corn Island con 58 kilos de cocaína, y el hondureño Francisco Ruiz Murillo, capturado con más de mil kilos del alcaloide.
La libertad de los reos fue justificada con dictámenes forenses que diagnosticaban padecimientos de hemorroides e hipertensión, respectivamente, y que éstos debían curarse en sus casas, sin custodia penitenciaria. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó una investigación del caso.
La Policía nicaragüense y autoridades de Estados Unidos también investigan el envío de varios miles de dólares de McCrea a su cónyuge Thomas Rafael Gámez, quien estuvo un período largo en Estados Unidos.
Guzmán ordenó devolver dinero
Guzmán, quien era juez Sexto Penal de Juicio de Managua, ordenó a la Dirección General de Aduanas (DGA) devolver 300 mil dólares a los ciudadanos mexicanos Luis David Zamora Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán, quienes los introdujeron ilegalmente al país en julio de 2005.
Antes de ordenar la devolución del dinero, Guzmán había desechado las principales pruebas documentales con que contaba la Fiscalía General de la República para demostrar que los acusados no declararon el dinero en Aduanas y lo llevaban escondido en dos maletas. La judicial consideró que las pruebas no fueron presentadas conforme a la ley.
Cortés archivÓ denuncias
El juez Séptimo Local del Crimen de Managua, Tomás Cortés, ordenó archivar el proceso penal abierto contra el entonces candidato a la Alcaldía de Managua por el Frente Sandinista, Dionisio Marenco, por amenazas contra el periodista Carlos Guadamuz Portillo, asesinado de tres disparos a quemarropa por William Hurtado, en febrero de 2004.
El judicial justificó su decisión en el hecho de que el caso prescribió por abandono del caso por el denunciante.
La denuncia de Guadamuz fue realizada el 15 de noviembre del año 2000 y en ella se responsabilizaba al secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega y a Marenco, de supuestas amenazas de muerte y toma ilegal de tierras en perjuicio de Guadamuz y Miguel Ángel Casco.
Cortés es ex cuñado del ex jefe de la Seguridad del Estado del gobierno sandinista, Lenín Cerna Juárez.
