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El máximo compromiso de los diputados con la jerarquía religiosa nicaragüense podría cumplirse el 26 de octubre, fecha en la que acordaron discutir las reformas al Código Penal, que contemplan penas de hasta treinta años de prisión en contra de quienes se vean involucrados en actos de aborto.
Así lo resolvió ayer la junta directiva del parlamento.
La polémica discusión de la penalización del aborto terapéutico se realizará diez días antes de las elecciones nacionales.
El aborto es respaldado bajo condiciones terapéuticas por algunas organizaciones, y es rechazado por completo por las más altas estructuras religiosas del país, quienes celebraron una multitudinaria marcha el pasado seis de octubre, exigiendo duras sanciones en contra de quienes participen en algún aborto.
El tercer secretario de la directiva parlamentaria, el sandinista José Figueroa, explicó que para la sesión del 26 de octubre, esperan que la Comisión de Justicia ya tenga dictaminado un proyecto de reformas introducido por las iglesias nicaragüenses.
Figueroa también indicó que en la discusión se tomará en cuenta otro proyecto de reformas al Código Penal, enviado el pasado viernes con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, que también propone sanciones de hasta treinta años de prisión en contra de quienes estén relacionados con algún caso de aborto.
“Son iniciativas diferentes, pero la solución tendrá que ser única por el plenario de la Asamblea Nacional”, explicó Figueroa.
PEREIRA MAJANO DISCREPA
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, el liberal Noel Pereira Majano, discrepó ayer mismo con los miembros de la directiva parlamentaria, al decir que la discusión del aborto terapéutico debería suceder hasta después de las elecciones nacionales, que se celebran el cinco de noviembre.
La semana pasada, Pereira Majano calificó como “loca” a la sociedad, por presionar al parlamento a discutir las reformas al Código Penal en el cierre de la campaña electoral.
“Este no es el momento idóneo para debatir sobre el aborto terapéutico, por cuanto estamos en tiempo electoral. Sólo quedan 18 días para las elecciones, por tanto todo lo que se haga de aquí en adelante es un asunto electoral”, reiteró ayer.
Además, el diputado consideró que el debate sobre las reformas al Código Penal no amerita un trámite de urgencia.
ALGUIEN MIENTE
Pereira Majano ha puesto en duda que la Comisión de Justicia dictamine el proyecto de reformas al Código Penal.
Ayer esa comisión parlamentaria ni siquiera sesionó, por falta de quórum. Sin embargo Figueroa aseguró que ya está listo el dictamen.
“Ya tienen el proyecto, ya están recogiendo las firmas”, apuntó Figueroa.
Aunque la Comisión de Justicia no dictaminara el proyecto de reformas al Código Penal, el parlamento siempre tendría a la mano la propuesta del Poder Ejecutivo, introducida con carácter de urgencia e incluida en la orden del día para la sesión del 26 de octubre, informó el presidente del parlamento, Eduardo Gómez.
CAUTELOSOS CON LAS PENAS
Tanto la propuesta de reformas de los grupos religiosos como la del Poder Ejecutivo plantean penas de hasta treinta años de prisión para los que participen en el aborto.
“Comete delito de aborto quien por cualquier medio provoque la muerte de una persona por nacer, durante el lapso que va desde su concepción, hasta el nacimiento. La persona que cometa el delito de aborto será castigado con penas de diez a veinte años de prisión”, se propone en la reforma al artículo 162 del Código Penal, según el proyecto enviado por el presidente Enrique Bolaños.
En ese aspecto, la propuesta de las iglesias sugiere sanciones de entre seis y catorce años de prisión, en vez de veinte.
Pero tanto la propuesta del gobierno como la de las iglesias contempla hasta treinta años de prisión en contra de quienes causen o cooperan en un aborto y además muera la madre, o si ésta resulta dañada física o psicológicamente.
Al ser consultados los legisladores si están de acuerdo con las condenas estipuladas en los proyectos de reforma, reaccionaron con mucha cautela.
“El tiempo de penalización me parece que es bastante alto, pero eso lo va a tomar en consideración la comisión que lo está tratando”, manifestó Gómez.
“Cuando tenga en mis manos el proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia, le voy a dar la opinión de bancada”, respondió por su parte Figueroa.
