El candidato presidencial de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, aseguró ayer que tiene información de que existe un plan político de la Contraloría y la Asamblea Nacional para inhibirlo.
La Contraloría indaga su declaración de probidad y la Comisión de Probidad del parlamento intentó demostrar que se benefició con la emisión de Certificados Negociables de Inversión (Ceni), algo que rechaza Montealegre y lo atribuye a una persecución política y a la “mano negra” de liberales y sandinistas.
“Tratan de empañar y confundir a la población”, recalcó Montealegre.
Además contestó ayer varios puntos cuestionados por la Contraloría.
Montealegre explicó que en el caso de la venta de sus acciones en Bancentro, éstas fueron vendidas al crédito a Comercial View Corporation en enero del 2002, antes de asumir la cartera de Hacienda. Mostró una certificación de un auditor interno de Bancentro, Federico Marenco, que certifica que a partir del 7 de enero de 2002 no ha recibido pagos en concepto de dividendos a partir de ese año.
Con respecto a vehículos que según la Contraloría no declaró, Montealegre argumenta que las camionetas a las que se hace mención ya no le pertenecían cuando presentó su declaración patrimonial, porque éstas fueron vendidas y otros vehículos fueron adquiridos después de haber hecho su declaración de bienes.
Especificó además que sólo el caso de una camioneta Toyota Land Cuiser, placa 187-954 (ahora M 025-971) se omite en su declaración de forma involuntaria.
En relación a sus cuentas bancarias, dijo que seis de ellas fueron abiertas en fechas posteriores a la declaración y sobre otras dos aclaró que la primera fue cerrada en agosto del 2005, razón por la cual no se encuentra en los registros del banco.
Otra cuenta, según Montealegre, es de Banco Uno en Panamá por lo que tampoco aparece en los registros de este banco en Nicaragua.
Montealegre presentó también una constancia emitida por la Presidencia donde se reflejan sus ingresos percibidos como salarios entre julio y septiembre del 2000. Según el documento, el ahora ex funcionario recibía 6,450 dólares mensuales de salario, recibidos parte en cheque y parte en efectivo.
Igualmente dio a conocer constancias de la DGI que reflejan los impuestos sobre la renta declarados en el periodo comprendido entre los años 1997 y 2001, por ingresos provenientes de “complementos salariales”. Las constancias reflejan montos anuales que sumados dan alrededor de 2.6 millones de córdobas de ingresos por “complementos salariales”.
