Un detenido en el campo de máxima seguridad de Guantánamo, del Ejército de EE.UU., hace ejercicios. Se planea construir celdas de máxima seguridad para evitar motines, con un costo de 38 millones de dólares. (LA PRENSA/AP/Brenne Linsley)

Pasan una ley para juzgar a sospechosos de terroristas

Congreso favoreció propuesta de Bush [doap_box title=»Demócratas opuestos» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Los republicanos rechazaron una enmienda del senador demócrata Carl Levin, quien ha insistido en que el proyecto de ley, tal como está concebido, “sería utilizado por los terroristas como prueba de la hipocresía de EE.UU. a la hora de proclamar (la defensa) de los derechos […]

  • Congreso favoreció propuesta de Bush
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Los republicanos rechazaron una enmienda del senador demócrata Carl Levin, quien ha insistido en que el proyecto de ley, tal como está concebido, “sería utilizado por los terroristas como prueba de la hipocresía de EE.UU. a la hora de proclamar (la defensa) de los derechos humanos”.

El proyecto de ley es pieza clave de la agenda de seguridad nacional que los republicanos piensan destacar de cara a los comicios legislativos del próximo 7 de noviembre, en una clara politización del asunto.

La oposición demócrata ha insistido en que no se trata de dar amparo a los terroristas, sino de aprobar una ley con apego al derecho internacional y que no exponga a las tropas estadounidenses al maltrato en el exterior.

Los demócratas, que quieren recuperar el control del Congreso, afrontan una batalla cuesta arriba para demostrar que, contrario a lo que dicen los republicanos, ellos no son débiles en asuntos de seguridad nacional.

Bush aplaude

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“Aplaudo al Congreso por aprobar una legislación que dotará a nuestros hombres y mujeres en uniforme de las herramientas necesarias para proteger a nuestro país y ganar la guerra contra el terrorismo”, declaró el presidente George W. Bush.

El Senado de EE.UU. aprobó el jueves una ley que establece los parámetros para el trato de presuntos terroristas y los tribunales militares para juzgarlos, a seis semanas de los comicios en los que los partidos se juegan el control del Congreso.

La medida, aprobada por 65 votos a favor y 34 en contra, es similar a la que aprobó la Cámara de Representantes el miércoles, con 253 votos a favor y 168 en contra, en medio de agrias disputas. Tras la aprobación en ambas cámaras, el presidente de EE.UU., George W. Bush, tiene previsto firmar la ley hoy mismo.

A continuación los principales elementos del proyecto de ley, que también fue aprobado por la Cámara de Representantes el miércoles:

—Amplía la definición de “enemigos combatientes” a toda persona que dé apoyo material y financiero a grupos terroristas.

— Fija los parámetros para la detención e interrogatorios de los detenidos en la lucha antiterrorista.

—Establece los tribunales militares para juzgar a terroristas implicados en atentados contra Estados Unidos, bajo cargos de crímenes de guerra.

—Los tribunales militares estarán conformados por cinco jueces, o doce en casos que puedan conllevar la pena de muerte.

—Los detenidos tendrán derecho a un abogado, pero no podrán impugnar su detención en tribunales civiles estadounidenses.

—Permite que la acusación argumente “privilegio de seguridad nacional” para impedir la divulgación de información y pruebas secretas durante un juicio.

— Los acusados tendrán acceso limitado a las pruebas, pero recibirán un resumen de las pruebas que no estén vinculadas con informaciones secretas.

—Permite que la acusación condene a un detenido en base a pruebas “de oídas”, si el juez determina que esas pruebas son fiables.

—Permite el uso de información obtenida mediante métodos coercitivos, especialmente si el juez la considera fiable y si esa información se obtuvo antes del 2005, cuando una ley federal prohibió el trato cruel o degradante de los detenidos.

—Define una lista de crímenes calificados como “graves violaciones” de las convenciones de Ginebra, entre ellos la tortura, el trato “cruel” o “inhumano”, mutilaciones y graves lesiones físicas.

—Define las obligaciones de Estados Unidos bajo las convenciones de Ginebra.

—Permite que el presidente de EE.UU. interprete el significado y aplicación de las convenciones de Ginebra mediante una orden ejecutiva que además autorice los métodos usados en contra de los detenidos.

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