- Los recursos de amparo son una herramienta legal creada para proteger a los ciudadanos de los abusos de las autoridades, pero hoy en día se han satanizado; se han vuelto el “escudo legal” de funcionarios, políticos y narcotraficantes que se niegan a enfrentar un juicio. La “avalancha” de estos recursos tienen al Poder Judicial saturado, y aunado a esto está la desidia de los magistrados para resolverlos
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Ver Infografia > A pesar de los esfuerzos que el Poder Judicial ha hecho para acelerar los procesos judiciales, con la puesta en vigor de un sistema de justicia oral que redujo considerablemente el tiempo que toma tramitar un juicio, la retardación de justicia persiste en los procesos que tienen que ver con los recursos de amparo.
Los juzgados penales están desahogados gracias al Código Procesal Penal, pero en los Tribunales de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), particularmente en la Sala de lo Constitucional, hay un estancamiento escandaloso de recursos que llevan muchos años esperando ser resueltos.
Las cifras desmienten las afirmaciones de los magistrados: en el 2004 apenas fueron resueltos 148 recursos de amparo de un total de 654 que fueron tramitados.
En un informe anual del Poder Judicial en el 2004, la magistrada Yadira Centeno —entonces presidenta de la CSJ— citó como un hecho relevante que la cantidad de recursos tramitados en la Sala Constitucional aumentó el 20.65 por ciento en relación al 2003.
Estos datos resultan vergonzosos si se piensa en que los seis magistrados que laboran en dicha Sala, dejaron “congelados” el 88 por ciento de los recursos en ese período y sólo al 22 por ciento le dieron respuesta. En base a esta cifra se deduce que cada magistrado judicial sólo emitió dos sentencias por mes.
Los casos donde están de por medio resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR), contra funcionarios del Estado, son también escandalosos. Desde el año 2000 hasta el 2006, están pendientes de sentencia 1,123 casos.
El año con mayor ingreso de amparos contra la CGR fue el 2005, cuando se presentaron 684 en los Tribunales de Apelaciones. De esos, la Corte Suprema ha fallado solamente tres y tiene pendientes 681 casos.
“Todos esos casos están estancados. Mientras la honorable Corte Suprema de Justicia no se pronuncie no podemos avanzar. Hay quienes nos responsabilizan de no avanzar en las auditorías, la verdadera retardación está allá, no aquí”, aseguró el presidente de la CGR, contralor Guillermo Argüello Poessy.
SE USAN PARA RETRASAR LOS PROCESOS
El tema de los amparos para la Contraloría en los últimos años ha sido y sigue siendo un asunto que retrasa los procesos de investigación contra la corrupción en la administración pública.
Argüello Poessy dijo a LA PRENSA que todos los funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido sancionados o que se les notifica que serán investigados, corren a ampararse contra la entidad fiscalizadora.
“Claro, es un derecho que tienen. Pero hay quienes ni siquiera les hemos notificado el inicio de las auditorías y zas, van y meten el amparo, y los Tribunales de Apelaciones se los admiten y mandan a suspender los actos administrativos de esta Contraloría y ¿qué vamos a hacer nosotros contra una resolución judicial? Nada”, expresó Argüello con resignación.
Sobre este aspecto, el magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, apuntó que éste es un problema que “desgraciadamente” nace en los Tribunales de Apelaciones y las resoluciones de los contralores se vuelven “papel mojado”.
Rosales justificó, sin embargo, que muchas veces las resoluciones de la Contraloría violan el Pacto de San José que establece que debe haber un “debido proceso” puesto que en algunos casos los funcionarios o ex funcionarios sujetos a investigación no fueron notificados, y en otros casos hay un exceso de la Contraloría en el uso de sus facultades.
Gerardo Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones, dijo que este tipo de casos son muy pocos, pero los afectados alegan estar en total indefensión y según la Ley tienen derecho a la defensa.
POLÍTICOS Y NARCOS, BENEFICIADOS
Aunque los magistrados defienden su papel y los criterios que toman en cuenta al momento de tramitar y resolver un recurso de amparo, los hechos indican que este tipo de recurso legal es resuelto con celeridad cuando se trata de un político, un procesado por narcotráfico o un funcionario del Estado.
El ex presidente Arnoldo Alemán y el procesado Luis Ángel González Largo, sospechoso de narcotráfico, son sólo dos ejemplos de haber conseguido beneficios mediante recursos de amparo con una celeridad impresionante.
Según el magistrado Rodríguez, los políticos tratan de resolver sus contiendas a través del Poder Judicial. Es por eso que diputados y personajes políticos constantemente recurren de amparo.
En los delitos ligados al narcotráfico, para Francisco Rosales, se trata de un tema de “competencia” porque suceden casos que son tramitados por un Juez de Distrito en lugar de un Juez Local.
