- Colaboradores trataron de comprar información sobre opositores
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Un nuevo escándalo político en Brasil ha dado municiones a la oposición para atacar al favorito en las elecciones, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya campaña, que iba viento en popa, se ve inesperadamente sacudida por esta crisis.
El escándalo ha costado por ahora el puesto a un asesor de la Secretaría Particular del presidente brasileño, Freud Godoy, y a un analista de medios del comité de campaña, Jorge Lorenzetti.
Lula convocó el miércoles por la mañana a una reunión de emergencia con sus principales asesores, entre ellos el presidente del PT y coordinador de su campaña a la reelección, Ricardo Berzoini, quien dijo que fue confirmado en sus funciones.
Sin embargo, por la noche Berzoini fue convocado nuevamente de improviso por Lula, dijeron a la AFP fuentes de la campaña, mientras medios de prensa brasileños volvían a decir que su salida era inminente, ante las críticas que surgieron dentro de su propio partido.
Berzoini reconoció el martes que sabía que uno de sus colaboradores, Jorge Lorenzetti, había propuesto material “de interés periodístico” a la revista Epoca, aunque negó conocer el contenido.
Epoca denunció que Lorenzetti, representante de la campaña y amigo de Lula, y Osvaldo Bargas, un coordinador del programa de gobierno de Lula casado con una secretaria particular del presidente, le habían ofrecido información contra la oposición.
Todo comenzó el viernes, cuando la Policía detuvo a dos personas vinculadas al PT que con cerca de 1.7 millones de reales (casi 800,000 dólares) en efectivo en su poder intentaban negociar la compra de un dossier que contenía supuestas pruebas contra candidatos de la oposición.
Esas pruebas implicarían en asuntos de corrupción a Geraldo Alckmin y José Serra, respectivamente candidatos a la Presidencia y a la gobernación del estado de Sao Paulo por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El informe fue preparado por un empresario vinculado a una mafia que vendió mil ambulancias al Estado mediante licitaciones amañadas y créditos concedidos en forma fraudulenta, un caso por el que están bajo sospecha unos 80 diputados de diez partidos políticos.
