Los magistrados sandinistas Rafael Solís y Francisco Rosales, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestaron ayer que la solicitud de arbitraje presentada por el director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, aparentemente no fue para suspender el contrato con la empresa distribuidora de electricidad, Unión Fenosa, sino para aplicar sanciones por violaciones de algunas cláusulas.
Solís dijo que el director del INE manifestó que el arbitraje es “sobre algunos incumplimientos que se han dado, pero no es sobre si se revoca o se recibe el contrato en su totalidad, lo cual son otros cien pesos”.
Agregó que el arbitraje será por cláusulas específicas que Unión Fenosa ha incumplido, “lo que cabe me imagino es que pague la multa, o lo que haya que pagar, pero no sé si el arbitraje va a ser sobre la totalidad del contrato o sobre la permanencia o no de Unión Fenosa”, añadió.
El magistrado Solís manifestó que el INE y Unión Fenosa tendrán que nombrar a un árbitro cada uno para que se realice el arbitraje y en el caso de que no hayan acuerdos, entonces la CSJ designará a un tercero para dirigirlo.
“El arbitraje tiene la ventaje que es más rápido que un juicio”, apuntó Solís.
Por su parte, el magistrado Rosales señaló que las partes, en este caso INE y Unión Fenosa, tendrán que determinar el contenido del contrato.
Rosales no descartó que la próxima semana la Sala de lo Contencioso y la Sala Constitucional de la CSJ se pronuncien sobre la solicitud de arbitraje presentado por INE.
Sospechoso fin de racionamiento
El presidente del INE, David Castillo, manifestó ayer su desconfianza por la rapidez con la que Unión Fenosa resolvió los racionamientos del servicio de energía.
“Esa es la pregunta que ando terminándome de explicar”, dijo Castillo al referirse a la solución de los racionamientos.
“Posteriormente le apareció dinero a Frank Kelli para echar a andar su planta, además las importaciones del mercado regional mejoraron las ofertas y hubo plata, que de 130 megavatios que había racionado, ahora sólo hay 30”, recalcó Castillo.
Agregó que los nueve millones de dólares de subsidio se los entregarán a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) para que sea ésta y no Unión Fenosa la que les pague a las generadoras de energía.
Castillo dijo que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República es de vital importancia para el arbitraje, aunque no sea ejecutable, porque solicitó el contrato al Banco Mundial y al Ministro de Hacienda, pero la respuesta que recibió fue de que se trataba de un contrato entre privado.
