- Gobierno busca unificar esfuerzos entre instituciones, ONG, alcaldías y empresas privadas
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CORRESPONSAL/MADRIZ
El Gobierno de Nicaragua está impulsando en cinco zonas del norte y occidente del país un plan piloto práctico, el cual consiste en llevar a la población de estos territorios los diversos servicios básicos de los que están excluidos.
Este proyecto responde a una política nacional de protección social aprobada por el Ejecutivo, y que es coordinada por el Sistema de Solidaridad para el Desarrollo (SSD), a través del Ministerio de la Familia (Mifamilia) en varios departamentos del territorio nacional.
El municipio seleccionado para el impulsar el proyecto fue San Lucas, en Madriz, por considerar que la población de esta localidad vive en extrema pobreza, explicó a LA PRENSA la Ministra del Ministerio de la Familia (Mifamilia), Ligia Terán de Astorga.
Explicó que muchas comunidades rurales que se encuentran alejadas en este municipio no tienen acceso a los servicios básicos de luz, agua, salud y educación; al igual que la falta de buenas vías de comunicación de acceso a sus lugares, entre otros problemas.
ZONAS INCLUIDAS
La Ministra de Mifamilia detalló que otras zonas incluidas en este plan piloto son: Puerto Morazán, Waspam, El Almendro y El Jicaral donde ya se iniciaron las coordinaciones con las visitas a las autoridades locales, que incluye a los alcaldes, quienes tienen las capacidades para desarrollar cualquier esfuerzo que permita hacer llegar los servicios necesarios a la población, uniendo todos los proyectos que instituciones del Estado y organismos no gubernamentales impulsan en estas regiones.
La ministra dijo que esto incluye trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, la comunidad cooperante, y la iniciativa privada en la búsqueda de potenciar la inversión que se está haciendo a las zonas más vulnerables de los municipios ya seleccionados.
La ministra Terán reconoció que en San Lucas se han hecho muchos esfuerzos por elevar el nivel de vida de las familias pobres de esa localidad, pero que han tenido muy poco impacto en el cambio de vida de los beneficiarios.
Observó la falta de estrategias conjuntas entre las instituciones del Estado, organismos cooperantes, la empresa privada, y las organizaciones gremiales que no ha permitido unificar esos recursos de inversión social dirigidos a combatir la pobreza.
