- Proyecto está en adéndum, pero no pasa a la orden del día
La junta directiva del parlamento decidió ayer no incluir en la orden del día la Ley de Acceso a la Información Pública, ya dictaminada por la Comisión de Justicia y colocada en el adendum número 15, informó la diputada liberal María Auxiliadora Alemán.
Orestes Papi, coordinador de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, acusó a los legisladores de retrasar a propósito la aprobación del proyecto.
“Tenemos información de que la junta directiva se está orientando a no ponerla esta semana, ni siquiera la próxima, sino más adelante. Para nosotros es motivo de preocupación”, dijo Papi.
La ley reglamentaría el procedimiento para que los ciudadanos y diversas organizaciones accedan a la información pública y a bases de datos que estén bajo el poder de instituciones del Estado, sociedades mixtas, las subvencionadas por el Estado y aquellas empresas privadas que administran recursos a entes estatales, explicó el presidente de la Comisión de Justicia, el liberal Noel Pereira Majano.
El legislador señaló ayer que esperaba que la ley fuese discutida en las sesiones de esta semana. No obstante, Alemán descartó esa posibilidad.
FORTALECER DEMOCRACIA
Orestes Papi, de la Fundación Chamorro, sostuvo que de aprobarse el proyecto, la democracia se vería fortalecida.
“El sistema político ha perdido credibilidad, los funcionarios han practicado una gran discrecionalidad, han llegado a utilizar modalidades de acción con una secretividad que ha propiciado la corrupción en este país, y una ley de esta naturaleza contribuiría a darle credibilidad al sistema político en términos generales”, indicó Papi .
Tras varios años de permanecer engavetada en el parlamento, la ley finalmente fue dictaminada el pasado 12 de julio, gracias a la presión realizada por organismos nacionales e internacionales.
HAY RESERVAS
Además de sentar el procedimiento para que los ciudadanos obtengan información pública de su interés y a la vez sepan qué datos tiene cada institución respecto a su persona, el proyecto contendrá la denominada “información reservada”.
De acuerdo al dictamen, la información pública reservada será aquella que puede poner en riesgo la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la defensa de la soberanía nacional, además cuando pueda obstaculizar o frustrar las actividades de prevención o persecución de los delitos y del crimen organizado, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Asimismo, la información reservada es aquella recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o relacionada con secretos comerciales o industriales (patentes), o información protegida por sigilo bancario.
Y por último, la información será considerada como confidencial, cuando contenga datos personales y esté amparada por el derecho de habeas data.
