- Sólo uno de cada diez funcionarios salientes da su declaración de probidad
El organismo cívico Ética y Transparencia (EyT) anunció ayer que Nicaragua no está cumpliendo las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El país sólo está aplicando tres de las siete leyes que existen para regular las contrataciones públicas.
Tampoco existen en el “Estado de Nicaragua normas legales que garanticen la protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción”, señala EyT.
La organización critica que en Nicaragua se establezcan normas para que los ciudadanos contribuyan en las investigaciones sobre corrupción, pero al mismo tiempo no “se establecen medidas de protección a los que realicen tales denuncias”.
SEGUIMIENTO
César Martínez y Luis Aragón han sido los encargados por EyT de dar seguimiento para ver si Nicaragua cumple con tales normas.
En un documento distribuido por EyT se recomienda al Estado crear leyes para la prevención y el castigo de actos de corrupción no tipificados en Nicaragua.
“Sigue sin existir en la República de Nicaragua una norma legal específica que regule el derecho al acceso a la información pública”, dice el documento.
Martínez dijo que, según datos de la Contraloría, el 90 por ciento de los funcionarios rinde su declaración de probidad cuando asumen, pero cuando se van sólo el 10 por ciento lo hace.
