Los incidentes de violencia se redujeron el viernes en las calles de Sao Paulo, pero surgieron como la nueva munición en la campaña electoral brasileña.
Las autoridades informaron que 65 buses han sido quemados, así como decenas de comercios que van desde bancos hasta supermercados recibieron ráfagas de tiros o cócteles molotov durante las jornadas nocturnas de los dos últimos días.
Desde el comienzo de los ataques el martes, más de 60 personas han sido detenidas por sospechas de participar en los ataques, indicó el gobernador de Sao Paulo, Claudio Lembo.
“En la jornada las informaciones de todo el estado… nos dejan tranquilos”, dijo Lembo refiriéndose a la reducción de los atentados.
Tras una reunión con Lembo, el Ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, anunció que el gobierno federal desembolsará 100 millones de reales (unos 45 millones de dólares) para el hacinado y problemático sistema penitenciario paulista, desde donde actúan algunos encarcelados líderes de bandas criminales.
Pero si los ataques de bandas criminales mermaron en las últimas horas, el tema pareció saltar a las tribunas del debate electoral para los comicios generales del primero de octubre.
Los principales partidos contrincantes, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y sus adversarios el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el mayor de oposición, junto a sus aliados del derechista Partido del Frente Liberal (PFL), se engarzaron en declaraciones sobre los ataques y a quién le cabría responsabilidades por ellos.
El PFL y el candidato socialdemócrata a la gobernación de Sao Paulo, José Serra, fueron un paso más allá y en declaraciones a la prensa dejaron caer la sospecha que el oficialismo podría tener algún tipo de vinculación con la banda Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo surgido en 1993 en prisiones de Sao Paulo y que actualmente maneja dentro y fuera de las prisiones delitos como secuestros, asesinatos, tráfico de armas y de drogas.
