- Con prohibición legal de invertir en el exterior, las AFP salvadoreñas se ven obligadas a comprar títulos estatales de bajo rendimiento
Como en un juego, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de El Salvador operan una cartera ficticia de inversiones en que transan una amplia variedad de títulos privados en mercados de todo el mundo. Y sus ejecutivos se congratulan de obtener rentabilidades que superan el 10 por ciento anual.
Pero la vida real no es tan agradable. Impedidas por regulación de invertir en el exterior y enfrentadas a un mercado interno muy pequeño, las AFP se ven obligadas a comprar papeles estatales de escaso rendimiento. El resultado: la rentabilidad anualizada de los fondos apenas ha rondado entre el 5 por ciento y el 6 por ciento en los últimos meses.
Los actores claman por una reforma que permita diversificar la cartera, optimizar los retornos y, de paso, mejorar las pensiones de los salvadoreños. Pero los intereses estatales tienen más eco que el criterio privado.
Para financiar un fondo hipotecario solidario llamado Fondo Social para la Vivienda (FSV), la ley exige que al menos el 23 por ciento de la cartera de pensiones se invierta en estos papeles, de bajo rendimiento. “Son títulos a 25 años plazo con una tasa 3 puntos por debajo de lo que encontraríamos en el mercado”, dice Esteban Majano, director de Inversiones de AFP Confía, que se reparte el mercado local con Crecer. En la práctica, la cuota en FSV no llega al 10 por ciento, no por rebeldía de las administradoras, sino sencillamente porque los papeles disponibles no son suficientes para alcanzar el mínimo legal. Además, al cambiar el sistema, el Estado obligó a los fondos a comprar los Certificados de Traspaso, destinados a financiar las pensiones de las personas del sistema antiguo. Ambos títulos suman casi el 38 por ciento de los US$3,000 millones de los fondos de pensiones (diciembre del 2005). Si a eso se agregan los otros papeles estatales —como los bonos del Gobierno (35 por ciento), y papeles del Banco Central (7 por ciento)— la cifra en el sector público llega al 82 por ciento.
La escasez de la oferta local no deja alternativas. “No tenemos ningún emisor relevante de renta variable”, se queja Carlo Escalante, director de Inversiones de AFP Crecer. Por eso, menos del 20 por ciento de la cartera está en el sector privado. “Como no tienen dónde invertir, se refugian en los bancos”, dice Mauricio Choussy, director de Fitch Ratings Centroamérica. Poco más del 10 por ciento de la cartera total está en deuda bancaria privada; un 7 por ciento en papeles de bancos panameños y hondureños que emiten en El Salvador y del Banco Centroamericano de Integración Económica, y sólo el 0.5 por ciento en bonos de las dos únicas sociedades privadas emisoras.
La traba no está sólo en el sistema de AFP. Aunque es urgente permitir la inversión de los fondos en el exterior, el mercado de valores salvadoreño necesita una modernización, dice Choussy. “Tenemos una ley que data de 1996 y tiene cierto nivel de obsolescencia. No hay ley de fondos de inversión ni tampoco ley de titularizaciones”, agrega. Por su lado, Escalante explica que no existen IPO porque no están reguladas.
El problema es que uno de los grandes beneficiados con el actual esquema es el Estado, que financia con los fondos de pensiones la onerosa transición entre los dos sistemas, cuyos costos representan cerca del 50 por ciento del déficit fiscal. Una fórmula eficiente, pero que deja a los fondos en problemas. La bolsa local tampoco ve con buenos ojos que quiten las restricciones, ya que temen la emigración de los recursos a plazas extranjeras.
Mientras las AFP ven en sus computadoras el escaso rendimiento de los fondos, el año pasado se hicieron reformas mínimas a la ley, relacionadas con una baja de la comisión de 3 por ciento a 2.7 por ciento. A pesar de que en la Superintendencia de Pensiones dicen que no hay más cambios en carpeta, los privados están esperanzados en el trabajo de una comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el tema. “Tarde o temprano vamos a tener cambios”, dice Majano. Mientras esperan, las administradoras podrán seguir entreteniéndose con sus fondos imaginarios.
