- Disputa podría llegar hasta la OMC si El Salvador no deja entrar los productos de Parmalat
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Mientras la región centroamericana negocia una serie de tratados de libre comercio como bloque, Nicaragua y El Salvador están trenzados en una nueva disputa comercial motivada por el cierre de las exportaciones de lácteos de la empresa Parmalat Nicaragua a ese país.
Vincenzo Borgogna, gerente general de la empresa, aseguró que no hay ninguna justificación para cerrar la entrada de los productos a ese país, ya que han cumplido con todos los estándares de calidad.
El asunto ya ha involucrado a los gobiernos. La directora de Comercio Exterior del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Sonia Somarriba, explicó que la semana pasada viajaron a El Salvador funcionarios del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) y empresarios privados del sector lácteo nacional, con la finalidad de resolver la certificación de algunas empresas lácteas nacionales.
Para el gerente general de Parmalat, las razones de esta medida son políticas, ya que a su juicio el ingreso de los productos Parmalat a El Salvador tiene un costo no para el productor salvadoreño, sino para la empresa Dos Pinos de Costa Rica, cuyo distribuidor en El Salvador tiene mucha influencia.
Dijo que esta medida está provocando serios perjuicios a Parmalat, ya que la empresa ha realizado fuertes inversiones con vistas a entrar al mercado centroamericano, afirma Borgogna, quien agrega que además están recibiendo una gran cantidad de leche de los productores nacionales que no sabe dónde poner.
Denis Salgado, director de Sanidad Agropecuaria del Magfor, aseguró que durante la consulta realizada esta semana los salvadoreños se cerraron en su legislación que no permite el ingreso de leche reconstituida, aún cuando el problema del ingreso de los productos lácteos es un asunto diferente.
Si El Salvador no responde a las consultas, Nicaragua llevará el caso ante el Consejo de Ministros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Si en este nivel no se resuelve, tendrían que ir a un arbitraje internacional y posteriormente, en caso de seguir la pugna, irían hasta la Organización Mundial de Comercio (OMC).
