El Gobierno de Estados Unidos sufrió un nuevo revés judicial con la cadena perpetua aplicada al francés Zacarías Moussaoui, en lugar de la pena de muerte que reclamaba la fiscalía contra el único acusado que compareció ante la Justicia tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.
«Es una gran derrota para la secretaría de Justicia, en el mayor caso vinculado a la guerra contra el terrorismo», dijo la analista del blog especializado Scotusblog, Lyle Denniston.
«Hace más de tres años que la jueza (a cargo del juicio, Leonie Brinkema) le solicitó a la fiscalía que reclamara una cadena perpetua» y no la pena de muerte, subrayó este jueves Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington. En su lugar, «pasaron los años y se gastaron millones de dólares con la única meta de obtener la pena de muerte».
De hecho, un procurador reconoció haber movilizado para este proceso «decenas de abogados», haber llevado a cabo «miles de entrevistas» y recopilado millones de páginas de documentos.
«El gobierno habría salido mejor librado si no hubiera pedido la pena de muerte. Lo intentó y perdió», concluyó Eugene Fiddell, presidente del instituto de justicia militar.
Para numerosos analistas, el veredicto pone al gobierno en su lugar y le da lo que merecía: una sanción por «tomar a los jurados por imbéciles», indicó Turley a la AFP.
Ello podría servir para explicar otros reveses judiciales del gobierno, como el caso de José Padilla, un estadounidense detenido por la justicia militar más de tres años como «combatiente enemigo» bajo el pretexto de que quería explotar una bomba radiológica, y finalmente fue transferido a la justicia civil. «El gobierno no pudo enjuiciar a Padilla porque había violado demasiados de sus derechos», dijo Turley.
