precaristas pretenden invadir parte de la Reserva de Biosfera Río Indio-Maíz. (La Prensa/ Archivo)

Fiscalía ordena arrestar a jefes de invasores

Fiscalía de Río San Juan los acusa por delitos de asociación para delinquir y usurpación de dominio público [doap_box title=»Los buscados» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Según el representante del Ministerio Público en Río San Juan, Elmer Reyes, la pena por asociación para delinquir y usurpación del dominio público es de tres años, y en el caso de […]

  • Fiscalía de Río San Juan los acusa por delitos de asociación para delinquir y usurpación de dominio público
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Según el representante del Ministerio Público en Río San Juan, Elmer Reyes, la pena por asociación para delinquir y usurpación del dominio público es de tres años, y en el caso de la acusación por estelionato, la cual se sigue en Nueva Guinea, es de seis años de prisión, por lo que los acusados podrían purgar nueve años de presidio.

Los 11 cabecillas acusados por el Ministerio Público en Río San Juan, son: Roberto Flores Chow, alias «comandante Caimán»; Rudwel Nicolás Stiven Wilson, Francisco Alvicio Watshun, Luis Felipe Gutiérrez Sequeira, Iván Emilio Cuevas Pineda, Willy Zinder Solís, Marcos Antonio Prado Zelaya, Martín Laguna Masís.

También Rafaela del Carmen Leyva, conocida como «comandante La Negra», supuestamente asesinada por conflictos de tierra en la RAAN; Héctor Poveda, alias «Danto 2», y Simona Guadamuz.

La Fuerza Pública de Costa Rica anunció ayer que investiga un caso en el que supuestamente unos 100 campesinos nicaragüenses pretenden utilizar suelo costarricense para invadir la Reserva de Biosfera Río Indio-Maíz, según anunció anteayer Erick Lacayo, su director.

“Hay informaciones, nada comprobado, de que un grupo de personas (nicaragüenses) quiere apropiarse de tierras en el lado de Nicaragua», dijo Lacayo.

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También en Nueva Guinea son acusados por estos delitos

CORRESPONSAL/ RíO SAN JUAN

La juez local de El Castillo, María Elena Hernández, giró orden de captura para 11 cabecillas que utilizan a precaristas para invadir la Reserva Indio Maíz, tras admitir la acusación interpuesta por el Ministerio Público en el departamento Río San Juan.

El doctor Elmer Reyes, fiscal departamental, acusó a los principales líderes que organizaron a los precaristas en Nueva Guinea, por los delitos de asociación para delinquir y usurpación del dominio público. A la vez, la Fiscalía de Nueva Guinea los ha acusado por estelionato.

“Esperamos que la Policía sea efectiva al capturar a quienes dirigieron a un grupo comprendido entre 40 y 50 personas que invadieron el 19 de octubre del 2004 una parte de la reserva conocida como La Penca, pese a la advertencia del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), Ejército y Policía, sobre la protección de ese patrimonio ambiental”, sostuvo el fiscal.

Roberto Flores Chow es señalado como el principal líder que, según el fiscal Reyes, crea directivas a su conveniencia y tras fracasar su modus operandi, forman otras para sus fines delictivos. “Entre ellas, inicialmente creó la Fundación Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América”, señaló Reyes.

El representante del Ministerio Público explicó que los mismos líderes pasaron a fundar la organización de la Comunidad Indígena Bartola-Indio Maíz, que ahora agrupa a los precaristas de Nueva Guinea y a los que desde territorio costarricense han lanzado una avanzada por sectores de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

El fiscal dijo que esperan que los presuntos delincuentes sean enjuiciados tras ser capturados para responder por los delitos que se les imputan.

Explicó que cuentan con unos 20 testigos que vinculan a esas personas con los hechos delictivos. “Hemos presentado numerosas declaraciones, como la de la señora María Magdalena Martínez, nombrada tesorera y quien asegura haber recibido unos 50 mil córdobas de parte de los supuestos precaristas, cuyo dinero se lo entregó a Flores Chow”, aseguró.

Refirió que a la señora Martínez se le ocupó papelería de la Asociación, entre ella 16 recibos sellados y en blanco. Igualmente cuentan con declaraciones de la persona donde fue elaborada e impresa la papelería. Alrededor de 500 córdobas cobraban a cada ciudadano por el derecho a afiliación, carnet y papelería, pero además daban su cuota semanal o mensual. Asimismo, la Fiscalía ocupó dos vídeos para ser presentados contra los indiciados.

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