El titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Róger Arteaga, confirmó a LA PRENSA que el Ejecutivo no tiene dinero para implementar el Código Tributario en el país.
El código fue aprobado el 28 de octubre pasado en el parlamento. Sin embargo, aún no entra en vigencia porque el Gobierno, por propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la que adquirió el compromiso de aplicarlo en Nicaragua, introdujo una reforma cuya propuesta está siendo consensuada entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y las cámaras empresariales locales.
Entre éstas están la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) y la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).
“La reforma, en la que se pretende restablecer algunas facultades de la DGI, tiene que estar lista antes del 31 de marzo, de acuerdo con lo prometido al FMI, pero el problema es que no hay (dinero) con qué implementarla”, recalcó Arteaga.
TIENEN C$1.4 millones
Arteaga señaló que requieren de 12 millones de córdobas para poner en práctica el Código Tributario. Pero especificó que sólo cuentan con 1.4 millones de córdobas que han sido donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Estamos buscando y buscando para ver cómo podemos completar el monto. Ya hemos hecho gestiones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y parece que los suizos están interesados en apoyarnos. Y en eso estamos: viendo quién puede y tiene la voluntad de ayudar”, insistió.
De acuerdo con los cálculos del director de la DGI, el Código Tributario deberá estarse aplicando, tras sus reformas, a más tardar el 1 de julio próximo.
El MHCP, de momento, ha guardado silencio, pues no ha querido dar declaraciones sobre cómo marcha el proceso de reforma del código mencionado.
trabajan CONSENSO
Aunque a juicio del presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), José Adán Aguerri, ya hay consenso con el Gobierno y la Asamblea Nacional alrededor de la última versión de la reforma en la que se lograron acuerdos relacionados a la información cruzada.
Lo anterior se refiere a los datos que las empresas deberán proporcionar al fisco, para que éste pueda tener una idea del universo empresarial del país.
No obstante la preocupación del sector privado radicaba en el uso de dicha información.
Los empresarios quieren que tal información no vaya a parar a manos de la competencia, lo que según refirió Aguerri ha pasado en otros países.
Aguerri indicó que otro de los puntos de consenso es sobre la discrecionalidad de las multas, que el proyecto de reforma al Código Tributario quería establecer.
Esto significa que, si el contribuyente no pudo pagar una multa impuesta por el fisco, hay atenuantes consideradas como de justa causa.
Por otro lado se logró que el tercer silencio, es decir el de amparo, fuera positivo, es decir a favor del contribuyente y no como pretendía el Gobierno que, incluso, quería dejar los tres silencios negativos (de revisión, reposición, y de amparo) al contribuyente.
