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Corresponsal/ Nueva Segovia
El alcalde sandinista de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, por medio de documentos insistió a LA PRENSA que la finca La Jungla, cuya escritura se utilizó para adquirir un crédito que supuestamente terminó financiando la campaña municipal del FSLN, existe físicamente.
En carta que Pérez envió a LA PRENSA, acompañada de dos declaraciones juradas, el alcalde de Jalapa pretende demostrar lo anterior y, en la misma, asegura que los actuales señalamientos que se le hacen “surgen de Omar Vílchez González (ex alcalde de Jalapa)”, porque éste es “una persona desleal al FSLN”.
Vílchez fue el alcalde de Jalapa para el período 2000-2004 y precedió en el Gobierno municipal a Pérez. Ambos están enfrascados en un círculo de acusaciones y contraacusaciones, a pesar de que los dos fueron electos como alcaldes por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El enredo
En un proceso judicial, el Juez Único Local de Jalapa, Sergio Granja, declaró culpable a Vílchez por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, luego que Pérez lo acusara por la sustracción de la Alcaldía de Jalapa de la escritura de la finca La Jungla, la cual se utilizó para lograr un crédito de 12 mil dólares.
Con ese dinero, la Alcaldía de Jalapa compraría las 40 manzanas de La Jungla, para crear en esa propiedad un parque ecológico municipal. Pero Vílchez ha denunciado que la finca no existe, que sólo es una “propiedad de papel” y que los 12 mil dólares fueron utilizados en la campaña electoral de Pérez. El dinero fue prestado por el Fondo Catalán (donantes españoles).
Los testigos
En su carta fechada el 12 de marzo, Pérez informó que ha presentado a la Contraloría General de la República (CGR), declaración jurada del ingeniero Donald Vílchez (presentó copia a LA PRENSA), quien asegura que es vecino de José Galindo, presunto dueño de La Jungla.
Otro testimonio que presenta por escrito el edil, es el de Denis Rodríguez, quien también hace declaración jurada que es colindante en el lado oeste de la propiedad La Jungla; así como la copia de la escritura privada de compra-venta de la finca, misma que “Omar Vílchez sustrajo y por lo que ahora tiene que cumplir de tres a seis meses de prisión”.
Pérez refiere que le consta cuando su antecesor mostró el 20 de octubre de 2004 la propiedad a la señora Imma Bartrina, representante del Fondo Catalán en nuestro país. “Ella puede confirmar lo que ahora yo estoy expresando”, indicó.
