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CORRESPONSAL / GRANADA
El centenar de pobladores de diferentes barrios periféricos de Granada que la noche del miércoles permanecieron en unas 60 manzanas de la finca San Ignacio, propiedad del matrimonio Carazo-Choiseul, se retiraron totalmente al mediodía de ayer, confirmó el comisionado Rodolfo Morales, segundo jefe de la delegación policial en esta ciudad.
Estas personas eran parte de un grupo mayor, de unos 400 precaristas, que la noche del martes pasado habían invadido estas tierras, pero fueron desalojadas de manera pacífica por la Policía la tarde del miércoles.
Pero la invasión le recordó a su propietaria María Julieta Choiseul Burgos, la confiscación de esta finca junto a otras trece propiedades en Chontales y otros departamentos que sufrió su familia durante el régimen sandinista (1979-1990) y un viejo litigio que dice ha ganado contra la Alcaldía de Granada por unas treinta manzanas de esta misma propiedad.
Rechaza solicitud de precaristas
Ayer a las 7:30 de la mañana, una delegación de los invasores integrada por diez mujeres se presentó a la casa de Choiseul Burgos para pedirle que les permitiera ocupar el terreno y así apoyar su demanda de un banco de tierra a la Alcaldía Municipal de esta ciudad.
Pero Choiseul Burgos les explicó a los precaristas que no era obligación de ella regalarles o prestarles su propiedad y que hablaran con la Alcaldía. La propietaria además insistió en que es la misma comuna quien los mandó a invadir su propiedad “porque esta gente es como carne fresca para los sandinistas y la Alcaldía le tiene ganas a esas tierras”, aseguró.
La finca San Ignacio está ubicada al oeste del barrio El Pantanal, un poblado marginal que sita al sur de Granada y, según Choiseul, esta es una de las únicas cuatro propiedades que recuperó hace seis años, luego de su confiscación en la década de los ochenta.
Por la tarde, la misma delegación de pobladores sostuvo una reunión con miembros del Concejo Municipal que dirige el sandinista Leonel Treminio, quien manifestó que la Alcaldía escuchará las demandas de los pobladores y trataría, según la condición de cada uno, de incluirlos en lista de espera para la entrega de terrenos, cuando se disponga de un banco de tierra “que está en gestión”.
