- Procuraduría Ambiental sólo espera nueva ley para actuar por la vía penal
Wilder Pérez [email protected]
Roman, Times, serif»>
Señalan a Poder Judicial de auxiliar a mafia maderera
 |
Procuraduría Ambiental sólo espera nueva ley para actuar por la vía penal |
Wilder Pérez R.
[email protected]
El procurador del Medio Ambiente, Lisandro D’León Mairena, aseguró ayer que junto al Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional tienen en “jaque” a la mafia maderera que opera en Nicaragua, y sólo están esperando que entre en vigencia la nueva Ley de Delitos Ambientales para demandar por la vía penal a todos los involucrados.
D’León aseguró que el Poder Judicial está involucrado en el tráfico ilegal de madera, debido a que hay varios jueces que auxilian a los traficantes de madera ilegal a cambio de beneficios económicos.
La forma de operar de los traficantes es consiguiendo un embargo a favor de una tercera persona, un cómplice, que es ejecutado por jueces que hacen caso omiso de los procesos administrativos de cada caso, a pesar, según el Procurador, de que se trata de una acción ilegal.
“Cuando eso ocurre, de nada sirve ordenar un proceso incautativo cuando el producto incautado ya no existe”, expresó D’León.
Como ejemplo, el Procurador mencionó el caso de los mil 303 metros cúbicos de madera en rollo, decomisados a mediados del año pasado a la empresa Prada, S.A. por supuesto traslado ilegal, que al final habrían salido del país a pesar de que los datos, facturas y guías aparentemente estaban alteradas.
“Hemos hecho un trabajo a fondo, principalmente en el Triángulo Minero, Siuna, Bonanza, Rosita, Río Blanco, Waslala. Es más, jueces en Managua, y la mayoría de ellos suplentes, son contratados por los madereros, éstos se presentan a las oficinas del Inafor (Instituto Nacional Forestal), traban el secuestro o el embargo sobre la madera y luego pretenden llevársela”, explicó D’León.
El Procurador aseguró que hay suficientes pruebas para acusar a toda la estructura de la “mafia” maderera, y que las presentará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a su tiempo.
De forma paralela, la Procuraduría Ambiental está esperando que entre en vigencia la nueva ley ambiental, para iniciar procesos penales y abandonar así los administrativos, que hasta ahora no eran más que un desgaste para la institución.
