- Denuncian que Migración tica continúa violando derechos de inmigrantes nicaragüenses
Tatiana Rothschuh AndinoCORRESPONSAL/RIO SAN [email protected]
Las autoridades de Migración de Costa Rica continúan atropellando los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses que son rechazados, al recluirlos en el “sótano”, donde no sólo soportan el encierro sin ventilación, con hambre y maltrato, sino también la pestilencia de sus propias heces, pues no hay condiciones para la vida humana en ese lugar.
La odisea que viven los migrantes ilegales encerrados en el “sótano” o el “hoyo” —como también le llaman—, mientras son entregados por la “migra” tica de Los Chiles a su homóloga en San Carlos, data de mucho tiempo atrás y, pese a que el pasado año los representantes de Migración del vecino país se comprometieron a mejorar las condiciones y sacarlos de ese encierro, eso sólo ha quedado en intenciones.
Así explica la indefensión de los derechos humanos de cada nicaragüense ilegal la administradora del Albergue de la Pastoral de Movilidad Humana de Río San Juan, Luz Marina Matamoros y el delegado del Ministerio de la Familia, Reynaldo Galeano, quienes refieren que los nicas expulsados del vecino país siguen denunciando los abusos de que son víctimas por parte de la “migra” tica.
LLAMAN A COMPROBAR
Matamoros hizo un llamado a las autoridades de Cancillería nicaragüense, a la Procuraduría de Derechos Humanos y los organismos competentes a comprobar in situ la violación de los derechos elementales en el “sótano”, ubicado en la planta baja de las oficinas de Migración de Los Chiles.
Según Matamoros, los migrantes han narrado que a veces recluyen hasta a 40 nicas allí. “Antes se tenían que acomodar en cuclillas, pero ahora el Albergue de la Pastoral en el cantón fronterizo les ha dotado de algunas literas. No obstante, la tubería de aguas negras está taqueada, por lo que conviven con la fetidez, eso es insoportable”, lamentó la funcionaria.
Además cuando son capturados por la “migra”, no les permiten ni siquiera una llamada telefónica para avisar a sus familiares y les quitan sus pertenencias, señaló Matamoros.
GOBIERNO DEBE INTERVENIR
A juicio de Matamoros, “lo más humano es que los migrantes sean tratados como seres humanos, es cierto que son indocumentados, pero son personas y en vista que Migración costarricense ha hecho promesas y nada ha cambiado, es necesario que el Gobierno nicaragüense intervenga y constate las violaciones constantes de los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Costa Rica ha endurecido sus medidas de seguridad contra los inmigrantes ilegales nicaragüenses desde que, recientemente, se agudizó el conflicto limítrofe del Río San Juan. A pesar de eso, centenares de nicaragüenses cruzan la frontera, por el río, hasta suelo tico.
OTRO EN SAN UBALDO
Los indocumentados nicas no sólo mencionan el “sótano” como el reclusorio infernal de los migrantes ilegales en territorio costarricense, sino que también hablan de San Ubaldo, El Pavón, entre otros, refirió Luz Marina Matamoros, administradora del Albergue de la Pastoral de Movilidad Humana en San Carlos, Río San Juan.
Tanto Matamoros como Reynaldo Galeano, delegado de Mifamilia en este departamento, recordaron que el pasado año la Comisión Interinstitucional Nicaragüense que vela por los derechos humanos de los migrantes ilegales se reunió con sus homólogos en Los Chiles, Costa Rica, y ante los reclamos el representante de Migración de Los Chiles prometió que trasladaría sus oficinas para ubicar en ella a los ilegales, en tanto construyen el complejo migratorio fronterizo. Sin embargo “eso se ha quedado en veremos, la situación continúa igual”, apuntó la funcionaria.
La administradora del albergue sanjuaneño aclaró que en el “sótano” son encarcelados los varones, pues los niños, adolescentes y mujeres son mantenidos en el albergue de la pastoral de la Iglesia Católica en Los Chiles, pero es el albergue también el que provee de comida a los migrantes del “sótano”.
Desde mediados de octubre del año pasado, la oficina de Migración de Costa Rica, junto con la Policía de ese país, han endurecido sus políticas como consecuencia de la nueva Ley de Migración aprobada en noviembre del 2005, la cual endurece las medidas contra los inmigrantes ilegales.
Según la Dirección de Migración y Extranjería (DME), del Ministerio de Gobernación, más de 6,700 nicaragüenses que se encontraban en situación ilegal fueron expulsados de Costa Rica bajo la figura del rechazo administrativo, entre enero y septiembre del 2005, mientras que durante el período de mayor tránsito de inmigrantes ilegales hacia ese país, entre octubre y diciembre, se registraron cerca de ocho mil rechazos.
