Azucena Rosales, Selvia Silva y Claudia Rivera, denunciaron que fueron acosadas. (LA PRENSA/G.Flores)

Judicial recluye a acusado de acoso

Funcionario de Migración permanecerá bajo resguardo policial mientras se desarrolla el juicio Elízabeth [email protected] La Juez Segundo Local Penal, María José Morales Alemán, emitió orden de captura en contra de Félix Sebastián Sandino Hernández, para que permanezca en prisión preventiva a la espera del juicio por la causa que le sigue por el supuesto delito […]

  • Funcionario de Migración permanecerá bajo resguardo policial mientras se desarrolla el juicio

Elízabeth [email protected]

La Juez Segundo Local Penal, María José Morales Alemán, emitió orden de captura en contra de Félix Sebastián Sandino Hernández, para que permanezca en prisión preventiva a la espera del juicio por la causa que le sigue por el supuesto delito de acoso sexual, en contra de cuatro empleadas de la Dirección de Migración y Extranjería.

El caso por el cual fue denunciado Sandino, responsable de Archivo de Migración, inició hace tres años.

El jueves, la judicial determinó que Sandino deberá permanecer bajo arresto, a la orden de las autoridades del Distrito Tres de la Policía, hasta el siete de marzo, para cuando fijó la fecha del juicio.

Azucena Rosales, una de las tres denunciantes que ayer se presentaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y quien habló en representación de sus compañeras, expresó su preocupación por el hecho de que personas allegadas a la defensa de Sandino, les tomaron fotografías.

Rosales manifestó temor por que esto sea para tomar alguna represalia en su contra.

Aunque son cuatro las empleadas de esa dependencia que acusan a Sandino, únicamente tres de ellas pudieron presentarse al Cenidh, pues dijeron que a una de ellas sus jefes no le permitieron ausentarse.

En la audiencia inicial, una de las afectadas relató que en una ocasión Sandino, quien era su jefe, le habría manifestado que aceptara sostener relaciones sexuales con él, y que no le faltaría nada. Pero al rechazarlo, la amenazó, diciéndole que si decía algo o se quejaba, la iba a correr, porque era la palabra de él contra la de ella.

La afectada mencionó que aunque el 30 de julio del 2003, dirigió una carta al director de la institución, de ese momento, pero no tuvo eco.

Más bien, en represalia le exigieron sacar 400 expedientes cada día.

“Tenemos tres años de estar en esta lucha y él siempre en su mismo lugar, quienes éramos trasladadas a otro lugar éramos nosotras”, sostuvo Rosales.

A criterio de Rosales, existen otros casos de jóvenes que pasaron por igual situación que ellas, pero que nunca se atrevieron a denunciarlo. El caso se conoció cuando una de ellas lo denunció ante la Comisaría de la Mujer.

CRITICAN A AUTORIDAD

Azucena Rosales lamentó que en Migración los directores que pasaron por la entidad, durante tres años, conocieron del caso y no tomaron medidas en contra del imputado. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobernación informaron que el caso era investigado desde la Inspectoría Civil y que fue suspendido debido a que las afectadas decidieron acusar penalmente.

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