- Los Ceni ya no existen, en su lugar se crearon bonos del Banco Central que se transan en los mercados de deuda
- La deuda se mantiene y el Gobierno la sigue asumiendo
Luis Núñez Salmeró[email protected]
Los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) emitidos tras las quiebras bancarias ya no existen, informó el gerente financiero del Banco Central de Nicaragua (BCN), Carlos Cerda. Estos certificados fueron cancelados en el 2003 y reconvertidos en bonos del BCN.
“Iniciamos un proceso de hacer títulos estandarizados cuya principal característica es que pueden transarse (venderse) en los mercados internacionales”, indicó.
Sin embargo, fuentes cercanas al BCN aseguraron que esta operación es un intento por legalizar la emisión de los Ceni para responder ante las pérdidas por las quiebras bancarias y borrar los rastros de la misma.
Según estas fuentes se hizo una renegociación de los certificados cancelando la deuda de los Ceni y emitiendo bonos a mayor plazo y con tasas de interés más bajas.
En este sentido Cerda reconoce que los Ceni se cancelaron e inmediatamente los tenedores de estos certificados “invirtieron en títulos estandarizados del Banco Central a mayor plazo y menor tasa”.
Algo que el economista Néstor Avendaño considera doblemente ilegal, ya que la emisión de Ceni desde el principio, a su juicio, fue ilegal.
HACIENDA ES LA QUE PAGA
Por su parte el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, aseguró que efectivamente esta deuda fue reconvertida en bonos de letras del BCN y que el Valor Presente Neto es de 240 millones de dólares que al final de los 10 años a los que renegoció será de 350 millones de dólares.
Arana reconoció que si bien esta deuda es del BCN, quien la paga realmente es el Gobierno, a través del presupuesto “nosotros le pagamos al BCN los recursos para que puedan hacer los pagos. Es un compromiso que en su momento asumió el Ejecutivo para proteger los depósitos de los nicaragüenses que tenían plata en los bancos que quebraron”.
En este sentido afirma que están buscando los mecanismos para amortiguar el impacto de este pago que ha elevado el monto de la deuda.
Agregó que esta deuda ya está clasificada a partir de este año en el mercado de bonos y mercado de deuda.
Una decisión que según el economista Néstor Avendaño muestra la ilegalidad de la operación, ya que muestra la deuda a partir del 2006 como una obligación del Gobierno.
Arana reconoce que estas operaciones las comenzaron a hacer desde hace dos años de forma modesta y que aumentarán de forma paulatina en los próximos años.
Según Guillermo Lugo Alaniz, interventor del Interbank, uno de los cuatro bancos quebrados entre 1999 y el 2001, el proceso de liquidación de las instituciones no se hizo correctamente, violentando las Bases de la Subasta de Activos y Pasivos de los bancos intervenidos.
Indicó, vía correo electrónico, que según la ley, las bases de las subastas deben ser preparadas por la Junta Administradora y eso no se cumplió. Las bases fueron preparadas por la SIB y el BCN.
Dijo que la Junta Administradora no conoció el contenido de las bases sino hasta que les fueron entregadas minutos antes de ser repartidas entre los bancos participantes en la subasta.
RECLASIFICACIÓN SOSPECHOSA
Guillermo Lugo Alaniz, ex interventor del Interbank, reconoce en correo enviado a LA PRENSA que la reclasificación de cartera de los bancos quebrados se hizo de forma anómala.
“Le confirmo que es correcto lo expresado en el artículo “escrito por el licenciado Acevedo Vogl, de la Coordinadora Civil, sobre la reclasificación de cartera hecha por el BCN más allá de lo establecido por las Normas Prudenciales y la SIB”.
“En el Banic esta reclasificación produjo para el banco adquirente un descuento adicional de C$90 millones”, indicó Lugo Alaniz en un correo enviado a esta redacción.
OTRA DEUDA ENORME
Según el Ministro de Hacienda, Mario Arana, el otro gran problema que tiene el Estado es el crecimiento de la deuda de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI) que suman más de mil millones de dólares. Los bonos fueron emitidos por el Gobierno a principio de los años noventa para indemnizar a los confiscados de la década del ochenta.