- Bayardo Izabá, director del Cenidh, asegura que cinco mil cédulas son retenidas por las autoridades en la RAAN
- Antonio Lacayo expresó, en EE.UU., sus temores de un fraude electoral
Ludwin Loáisiga Ló[email protected]
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) acusó ayer a las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), de violar los derechos humanos de más de cinco mil ciudadanos de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), en el caribe, a quienes no les entregan sus cédulas de identidad.
Bayardo Izabá, director ejecutivo del Cenidh, agregó que las autoridades tampoco entregan documentos supletorios.
De acuerdo a Izabá, miembros de los Consejos Electorales Regionales entregan las cédulas de identidad a los simpatizantes sandinistas o liberales, pero no al resto de personas, afectando a los diversos partidos políticos, principalmente a Yatama.
“Tanto el Partido Liberal Constitucionalista como el Frente Sandinista, que son los partidos que dominan el Consejo Supremo Electoral, han hecho una labor dirigida a entregar las cédulas de identidad a sus simpatizantes o para aquellas personas que consideran que son votos fijos para sus partidos; las personas que no son identificadas por estos partidos son las que creemos nosotros no han recibido esta cantidad de cédulas”, sostuvo Izabá.
En tanto, el presidente del CSE, Roberto Rivas, dijo ayer que son 140 mil cédulas de identidad las que no se han entregado en el país.
Rivas supuso que los miles de cédulas pertenecen a personas que abandonaron el país, murieron o no saben dónde están sus documentos de identidad.
ABANDONO
Por otro lado, el Cenidh también aseguró que las delegaciones regionales del CSE están en abandono.
“Tenemos una profunda preocupación por el abandono en que se encuentran las distintas instancias del Consejo Supremo Electoral, particularmente en la RAAN”, manifestó Izabá.
El director ejecutivo del Cenidh no descartó que el trasfondo de todas las acciones sea retrasar los comicios regionales, programados para el cinco de marzo de este año.
“El fondo es postergar las elecciones regionales y unificarlas con las elecciones generales de noviembre (…) sería algo desastroso para el país que se suspendan estas elecciones (regionales)”, dijo Izabá.
El Cenidh, además, acusó a las autoridades electorales de la RAAN de no promover el voto mediante la propaganda y también que la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos está programada para los días 25 y 26 de febrero, que de acuerdo a Izabá será muy “tardía”.
Izabá manifestó que en una gira que el Cenidh realizó por la RAAN entre el domingo y martes pasados, recibieron denuncias respecto a que sandinistas y liberales utilizan oficinas de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Ingresos para efectuar proselitismo partidario.
En otro orden, Izabá explicó que en el caribe se deben aplicar los artículos 41 y 116 de la Ley Electoral, que permiten a las personas el voto con cédula en su circunscripción, aunque no aparezcan en el padrón electoral de su junta.
No obstante, añadió que la aplicación del artículo 22 de la Ley de Autonomía, que permite el voto de las personas que son hijos de costeños o que tienen un año de residir en el caribe, podría ocasionar contratiempos.
Izabá señaló que no existe un método para demostrar que un ciudadano es hijo de costeños —y con tres meses de residencia en el caribe—, o que al día de las elecciones tiene un año de residir en la circunscripción donde acudirá a emitir su voto.
El Cenidh desplegará cuatro equipos de observadores el día de las elecciones regionales, el cinco de marzo. La Ley Electoral exige a los foráneos al menos un año de residencia para poder votar en el caribe.
EVITAR FRAUDE
El ex ministro de la Presidencia de Nicaragua, Antonio Lacayo, hizo un llamamiento ayer a los observadores internacionales para que eviten «el fraude electoral» que, según él, podría darse en las elecciones de noviembre.
«El primer consejo para los observadores es que no acepten inhibiciones de candidatos por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE). Debería garantizarse a los expertos, que puedan trabajar dentro del propio Consejo», dijo Lacayo.
El ex ministro presentó ayer su libro «La difícil transición nicaragüense», en el foro Diálogo Interamericano, en Washington.
Para Lacayo, el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, «controla el CSE» y tratará de impedir que Herty Lewites, ex alcalde de Managua y favorito de las encuestas, pueda concurrir a los comicios.
«En segundo lugar, los observadores deberán vigilar que no haya trampas a lo largo de la jornada electoral, como ha sucedido en otras elecciones», recomendó.
En este sentido, abogó por la aplicación del artículo 41 de la Ley Electoral nicaragüense para que todos los que tienen el derecho a votar puedan hacerlo libremente.
El artículo 41 permite el sufragio de las personas al presentar su cédula de identidad en la Junta Receptora de Votos de su circunscripción, aunque no aparezca en el padrón electoral.
«Estoy seguro de que si finalmente se produce ese fraude, la gente de Nicaragua se echará a la calle para protestar», manifestó.
«Un cambio de los resultados en noviembre nos podría llevar a una serie de confrontaciones, y si ese fraude fuese a favor del FSLN, podría incluso llevarnos a una nueva guerra civil», dijo Lacayo.
El ex ministro mostró su preferencia por los candidatos reformistas, Lewites, disidente del FSLN y de orientación de centro-izquierda, y Eduardo Montealegre, de centro-derecha y proveniente de las filas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Sin embargo, reconoció que a pesar de ser los más populares, parten con desventaja porque carecen del poderoso aparato con que sí cuentan tanto el FSLN como el PLC.
«Nicaragua es hoy una economía mucho más sana que hace nueve años, pero una democracia mucho más débil. Las fuerzas antisandinistas después de Ortega no entendieron que había que completar la transición», aseguró.
Por ello, confía en que el resultado de estas elecciones sirva para acabar una transición a la democracia que, a su juicio, lleva pendiente desde 1997. (Washington/ EFE)
