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A finales del presente mes la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) podría acusar ante los tribunales a los funcionarios que sean señalados de violar los derechos humanos en las instituciones del Estado.
Esa instancia cuenta con una dirección jurídica conformada por cuatro personas y a partir de ahora quien no conteste un requerimiento que haga esa institución “vamos a hacer uso de la ley”, advirtió el procurador Omar Cabezas Lacayo.
El funcionario indicó que coordinan con el Ministerio Público para proceder en contra de estos funcionarios que no acaten la ley.
Estimó que al menos cuentan con 500 casos donde los funcionarios de instituciones como el Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo, Policía Nacional, entre otros, de todo el país, han caído en desacato ante esa institución, dado que no contestan los requerimientos ni cumplen recomendaciones.
Cabezas rindió un informe ante el plenario de la Asamblea Nacional sobre la gestión realizada en 2005 por esa entidad defensora de los derechos humanos en el país; ante los parlamentarios dijo que esa institución “es una estafa”.
A su criterio, “la Procuraduría para los Derechos Humanos es una asignatura pendiente de los dirigentes de Nicaragua, de los políticos y de las instituciones. Es una estafa que existe físicamente, porque existe legalmente, tiene una casa allí por el Estadio, como todos ustedes saben, pero no tienen capacidad”.
Pese a todo, anunció que el año pasado aumentaron las denuncias en un 25 por ciento y en un cincuenta por ciento de las resoluciones.
Durante su comparecencia Cabezas respondió a inquietudes de los parlamentarios como el seguimiento que esa entidad le da al tema de los migrantes. Cabezas recordó que la PDDH alertó el año pasado sobre la repercusión de la Ley Migratoria en Costa Rica y en el caso de la muerte de Natividad Canda, que falleció a causa de las múltiples mordeduras de perros rottwailer, señaló que las investigaciones las realizó un equipo de esa institución pese a las limitaciones económicas enfrentadas.
Entre el 2004 y el 2005, esa institución recibió 2,425 denuncias de las cuales se traducen en 2,565 víctimas. En un 50 por ciento emitieron resoluciones.
La Policía Nacional destacó entre las instituciones más investigadas el año pasado, con un 39 por ciento del total de los casos investigados, que representan 460 casos, seguido del sistema judicial con 270 casos.
El presidente Enrique Bolaños; el Ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier; el director de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero, aparecen en una lista de funcionarios que según la PDDH vulneraron los derechos humanos durante este período.
Del total de denuncias recibidas el 42 por ciento fueron presentadas en contra de personas particulares, lo que denota desconocimiento y confusión sobre la competencia y funciones de la Procuraduría.
Cabezas Lacayo advirtió a los parlamentarios que el presupuesto asignado únicamente permitirá funcionar hasta octubre, pues les faltan al menos cuatro millones de córdobas, únicamente para continuar funcionando como hasta ahora.
En total requieren 54 millones de córdobas para crear tres delegaciones en el país. El presupuesto asignado para este año fue de 23 millones de córdobas.
